La mayoría de los gallegos son partidarios de llevarlos ante los tribunales si cometen alguna ilegalidad en su hoja de ruta
10 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los gallegos apuestan en su mayoría por aplicar la ley sin contemplaciones contra el líder de Convergència Democrática de Catalunya, Artur Mas, y el de ERC, Oriol Junqueras, los dos máximos representantes de la lista Junts pel Sí a pesar de que ocupan los puestos cuatro y cinco respectivamente, si se saltan la legalidad en su hoja de ruta secesionista. Eso es precisamente lo que dicen que harán, puesto que están dispuestos a declarar la independencia si obtienen el 27S la mayoría de los escaños del Parlamento, sumando los que obtenga su propia candidatura y la de la izquierdista CUP.
Un 45,5 % estiman que el Gobierno que preside Mariano Rajoy debería actuar con mano dura y denunciarlos ante la Justicia para que sean juzgados por los delitos que pudieran haber cometido, que podrían ir desde la desobediencia grave a la sedición. Bastantes menos (13,1 %) se declaran partidarios de que intente su inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Diálogo y sin concesiones
En las antípodas se hallan quienes contestan que, aun en el supuesto de que los dos líderes independentistas se saltaran la legalidad vigente, el Ejecutivo debería dialogar con ellos e incluso hacerles concesiones. Son solo dos de cada diez gallegos los que no se apartarían de la vía del diálogo ni siquiera en ese escenario de rebeldía manifiesta. El porcentaje de los que estiman que en esa situación límite el presidente del Gobierno no debería hacer nada es absolutamente insignificante. Los más jóvenes son los que más apuestan por mantener la vía dialogada a cualquier precio.
Entre los votantes del PPdeG y del PSdeG son mayoría absoluta los que se decantan por denunciar a ambos dirigentes ante la justicia en el caso de que cometieran alguna ilegalidad. Al contrario, en el electorado del BNG e IU gana con claridad la opción de mantener el diálogo y realizar concesiones a Mas y Junqueras, aunque no respeten la ley.
El último recurso
Más de la mitad de los encuestados son partidarios de llegar incluso a la suspensión de la autonomía de Cataluña frente a uno de cada cuatro que se opondrían a ir tan lejos. El artículo 155 de la Constitución permite al Gobierno, con el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, tomar las medidas necesarias para obligar a las comunidades autónomas a cumplir de forma forzosa las obligaciones que le marcan la Constitución u otras leyes o para proteger el interés general gravemente amenazado. Los constitucionalistas lo consideran el último recurso en manos del Ejecutivo para frenar una situación límite. Nunca se ha utilizado hasta ahora, pero también es inédito el desafío planteado al Estado por los independentistas catalanes. El Gobierno ha advertido a Mas que es un artículo que está «plenamente en vigor».
El 155, pese a todo lo que se ha hablado, no dice nada sobre la posibilidad de suspender la autonomía, aunque hay autores que estiman que podría llegarse a una suspensión de facto al vaciarla de sus competencias y suspender a sus dirigentes, Esto último es lo que pretende hacer ahora el PP mediante una reforma exprés de la ley del Tribunal Constitucional, para que se le otorgue esa capacidad sancionadora.
Diferencias de criterio
En todo caso, la aplicación del 155 plantea serias dudas a los especialistas sobre su alcance, ya que la autonomía es un principio constitucional reconocido en el artículo 2 de la Carta Magna, y que por lo tanto no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia, porque sería tanto como poner en suspenso la propia Constitución. Los votantes populares son los que más respaldan la suspensión de la autonomía (66,9 %), seguidos por los socialistas (51,3 %), La gran mayoría de los partidarios del BNG e IU se oponen.
Las posibles vías de actuación del Gobierno
En el caso de que el Parlamento catalán declare la independencia de forma unilateral después del 27S, el Gobierno tendría varias vías de actuación en su mano. La más probable es que lo denunciara ante el Tribunal Constitucional a través del artículo 161.2 de la Carta Magna, que le permite impugnar las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación supondría la suspensión inmediata de la declaración de independencia.
Con la reforma que el PP ha puesto en marcha por la vía urgente, el Tribunal Constitucional podría suspender de sus funciones a Artur Mas si se niega a cumplir sus resoluciones. También se podría abrir la vía penal, por la presunta comisión de varios delitos. Otra opción ante este desafío sin precedentes en los últimos 40 años es aplicar directamente el artículo 155, lo que, visto el movimiento parlamentario de los populares, no parece probable.
El alcance del 155
En todo caso, aunque el artículo faculta al Gobierno a adoptar las «medidas necesarias» para obligar a Mas a cumplir la ley de forma forzosa, los constitucionalistas precisan que estas deben ser tasadas, proporcionadas y con las máximas garantías, para preservar el derecho constitucional a la autonomía. Lo que sí es claro es que el 155 no permite la suspensión general e indefinida de la autonomía.