Le prohíbe abandonar España en el marco de la investigación por un posible blanqueo de unos 200.000 euros
22 ene 2016 . Actualizado a las 16:43 h.El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado la puesta en libertad del expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México Humberto Moreira y le ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de abandonar España y la retirada del pasaporte en el marco de la investigación sobre un posible blanqueo de cerca de 200.000 euros.
El magistrado ha adoptado esta decisión tras tomar declaración al exmandatario mexicano en una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido mantenerle en prisión incondicional y la defensa, ejercida por el abogado Manuel Ollé, ha solicitado dejar en libertad a su cliente porque los ingresos económicos que recibió en España eran «absolutamente lícitos» como contraprestación al trabajo que realizó en dos empresas.
El Juzgado Central de Instrucción número 1 remitirá el mandamiento de libertad a la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentra desde el pasado viernes después de que el juez José de la Mata decidiera enviarle a prisión mientras se hallaba realizando funciones de guardia en la Audiencia Nacional.
De la Mata destacó las sospechas de que el acusado pudo haber blanqueado un total de 199.079,48 euros durante su estancia en España, según reveló en el auto en el que le imputaba, indiciariamente, delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho.
Moreira fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que había seguido su rastro por ciudades como Tenerife o Salamanca.
Moreira, que fue gobernador del estado mexicano de Coahuila entre 2005 y 2011, dimitió en diciembre de ese último año como líder del principal partido de la oposición en el país centroamericano tras verse salpicado por un escándalo de corrupción mientras fue gobernador de Coahuila. Le acusaron de falsificar documentos en la contratación de deuda del estado, que se disparó un 344 por ciento hasta los casi 34.000 millones de pesos.