Los populares advierten que la exigencia de cesar a los imputados solo será aplicable si hay Gobierno, y Ciudadanos responde que está en vigor «a partir de ya»
23 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El PP no se sentirá vinculado por los seis puntos del pacto anticorrupción que el viernes firmó con Ciudadanos hasta que Mariano Rajoy supere un debate de investidura, «hasta que haya Gobierno». El secretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, dejó muy claro que, por el momento, el punto uno de ese pacto, el que obliga a ambas partes a separar de inmediato de su responsabilidad al ministro, diputado o senador que sea formalmente imputado por un delito de corrupción política, no rige como tal, no constituye una obligación.
El dirigente del PP indicó que «para que entre en vigor tiene que haber un Gobierno». «Si no hay investidura (exitosa) y Gobierno no existe ni esto -en referencia a la separación de imputados- ni ningún otro aspecto del acuerdo».
El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, que fue el viernes el encargado de firmar el compromiso por parte de los conservadores, no objetó entonces matiz alguno, dio a entender que el acuerdo era ya de aplicación e incluso extendió su contenido más allá de lo que inicialmente reclamaba Ciudadanos, pues aseguró que la obligación de pedir a los investigados que dejen su cargo público alcanzaría también a los representantes en las autonomías, diputaciones y ayuntamientos. El detalle puede ser fundamental, porque por el momento nada garantiza que Rajoy vaya a poder superar una investidura y, de lograrlo, cuándo lo conseguirá. Si la tesis Maillo se impone, el PP podría no darse por aludido a la hora de pedir por ejemplo el escaño a Rita Barberá, senadora a la que el Tribunal Supremo podría notificar su imputación en breve. En Ciudadanos insistieron en que si es imputada, la exalcaldesa deberá dejar el escaño.
Negociaciones
La opinión del PP choca con la de Ciudadanos, que defiende que los puntos del pacto anticorrupción que no precisan de ningún tipo de desarrollo legal para su aplicación, como es el acuerdo político de la separación de cargos imputados, están en vigor «a partir de ya». Su secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, dijo que, como mucho, la duda sobre cuándo comienza la obligación de aplicarlo se solventará esta semana, con la firma del acuerdo global, pero no vincula su ejecución al éxito o no de la investidura.
Martínez-Maillo realizó esta aclaración en el receso de la segunda sesión de trabajo entre los equipos negociadores de PP y Ciudadanos, que invirtieron la mañana en debatir el primer capítulo del posible acuerdo, el referente a crecimiento económico, competitividad y empleo. Los escollos principales de esta primera fase de negociación están en los cambios que los de Albert Rivera quieren introducir en el mercado de trabajo, con la implantación de un contrato único, indefinido y con derecho a indemnización creciente en caso de despido, así como con la creación de un complemento salarial que Hacienda pagaría a los trabajadores con bajos ingresos.
Lo que el PP también exigirá a Ciudadanos para aceptar alguna cesión es que este capítulo se cierre con el compromiso por escrito de la formación naranja de que da por buenos los grandes objetivos de los Presupuestos que el Gobierno prepara para el 2017 y que, si Rajoy supera la investidura, ayudará a probarlos en las Cortes con sus votos. Aunque las conversaciones no han hecho más que empezar, Martínez-Maillo se mostró optimista sobre su evolución.
Las discrepancias, aplazadas al final de la negociación
El PP admitió que hay puntos de desacuerdo con Ciudadanos en varias materias, pero aseguró que «no hay ningún obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo», que quiere tener cerrado entre el viernes y el lunes. Para avanzar, han dejado para el final los puntos en los que hay serias discrepancias. El mercado laboral, pero también la supresión de las diputaciones, la reconversión del Senado, la rebaja del IVA cultural, la despolitización de la justicia, o las primarias en los partidos.