El fiscal del caso Palau: «La bandera justificó el atropello»

C. R. BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Quique García | efe

Sánchez Ulled cifra en 22 millones el saqueo y habla de prácticas caciquiles del nacionalismo

30 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El fiscal del juicio del Palau de la Música, Emilio Sánchez Ulled, el mismo del juicio del 9N, hizo ayer un duro alegato final para denunciar la existencia en Cataluña de un círculo social y político muy complaciente con la corrupción, que propició que «la bandera justificara casi cualquier atropello con la cartera».

El informe del ministerio público cargó contra los bancos por «facilitar operaciones en efectivo continuas y millonarias sin control alguno» (de 300.000 euros cobrados en ventanilla). Pero sobre todo arremetió contra los organismos públicos de control, a los que acusó de haber mantenido un papel «patético» durante los años del expolio del Palau de la Música (1999-2009), pues no fueron capaces de ver nada mientras salían ingentes cantidades de dinero de la entidad cultural sin que nadie diera la alerta.

Para el fiscal, el caso Palau es la fotografía «demoledora» de toda una época del nacionalismo en Cataluña, en la que «mucha gente que se creía intocable» practicaba el «caciquismo». Para muestra dos botones: Millet ordenaba a sus empleados que le compraran el tabaco en el estanco y que pagaran con billetes de 500 euros y financió con 13.000 euros del Palau la campaña de CiU en el pueblo donde vive, L’ Ametlla del Vallès, en Barcelona.

Financiación ilegal

Sánchez Ulled, que se reserva para hoy la exposición de los hechos con los que tratará de demostrar que Convergència se financió de manera ilícita, cifró en 22,7 millones el expolio patrimonial perpetrado a la entidad cultural. Félix Millet, su anterior presidente, se apropió de siete millones; Jordi Montull, su mano derecha, de 1,3 millones; y Convergència se llevó 3,7 millones a través de entregas en efectivo a su tesorero. El partido soberanista está acusado, en cualquier caso, de haberse beneficiado de 6,6 millones. Nueve millones del saqueo siguen en paradero desconocido, según el fiscal.

Sánchez Ulled aludió a las confesiones en juicio de Millet, Montull y de la hija de este y entonces directora del Palau, Gemma Montull, quienes aseguraron que CDC cobró comisiones de Ferrovial a través de la institución y que admitieron en parte el expolio del Palau, aunque no el supuesto fraude a Hacienda.

En este sentido, el fiscal dejó claro que no solo las confesiones acreditan la trama delictiva, sino que estas declaraciones corroboran las pruebas practicadas en el juicio, que para él confirman tanto el expolio como una financiación ilegal de CDC. Ironizó con que el juicio se celebre, precisamente, en la Ciudad de la Justicia, una de las obras por las que supuestamente CDC cobró comisiones irregulares: «Resulta peculiar que estemos celebrando el juicio dentro del objeto del delito», señaló.