El referendo es ilegal, ilegítimo, no conseguirá su propósito y solo servirá para agravar la fractura social y generar una peligrosa bolsa de frustración. La ilegalidad del referendo, y de todo el proceso, es tan evidente que no requiere debate alguno, solo constatarlo. Y ante la flagrante comisión de un delito, la primera obligación, de todos, pero muy especialmente de las autoridades, es evitarlo. No sirven las medias tintas. No sirven las excusas varias para no implicarse en un problema que nos afecta a todos y que no se resuelve con etéreas declaraciones y bonitos principios. No basta con mirar para otro lado, porque eso se ha hecho durante demasiados años y solo ha servido para agrandar la bola que ahora nos amenaza.
Es perentorio evitar la comisión del delito. Porque por mucho que se falsee la realidad, nadie tiene legitimidad para saltarse la ley a su libre albedrío. Y menos aún quien obtiene su poder de esa misma ley que desprecia y pretende ignorar. En un Estado democrático, como España, nada puede legitimar acciones de poder al margen de la ley, porque sería tanto como justificar un golpe de Estado. Ni se pueden secuestrar las instituciones para representar a una parte de la sociedad, como ha hecho Puigdemont. Una parte amplia, sí, pero minoritaria. Así que su apelación a un supuesto sentir catalán es una actitud totalitaria que no se compadece con el respaldo social que tiene, por ruidoso que sea. Aun así, representa una opción política que no puede ser despreciada. Porque las ilegalidades que algunos cometan en nombre de ciertas ideas, no convierten las ideas en ilegítimas. Porque hay que ir más allá de la estricta aplicación de la ley. España necesita renovar, que no reinventar, el pacto constituyente, incluido el territorial. Y debe hacerse desde la lealtad y el compromiso con una España diversa. Solo así se puede evitar la peligrosa ruptura social en que puede desembocar el desafío secesionista.