El ministerio presupuesta casi 140 millones para lavar su cara tecnológica tras los fallos en ciberseguridad
03 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los fallos en el sistema de gestión procesal LexNET, responsable de las notificaciones telemáticas entre los juzgados y los profesionales de la Justicia (abogados y procuradores), y que cuenta con 230.000 usuarios, obligó este jueves al ministro Rafael Catalá a comparecer en el Congreso. Su responsabilidad en este «agujero crítico» de seguridad, que obligó a parar el sistema 52 horas a finales de julio, fue duramente señalada por los diputados de la oposición. Desde la bancada del PSOE recordaron su reprobación previa en la Cámara y aseguraron que el ministro «está desgastado, indolente y amortizado». «Es un mal político y mal gestor», le espetó el socialista Artemi Rallo. Por su parte, el resto de los grupos le exigieron que LexNET (que volvió a fallar el viernes) deje de estar centralizado por el ministerio y pase al control del Consejo General del Poder Judicial.
El panorama complicado que preveía Catalá en esta vuelta de vacaciones pasó su primer trámite en el Congreso. Para amortiguar su impacto de cara a la opinión pública, el Gobierno anunció el pasado 25 de agosto la aprobación de una inversión de 55 millones destinada a mejoras informáticas en la Administración de Justicia, antiquísima reclamación de todos los estamentos en el mundo de la toga. Se trataba de dos contratos para la adquisición de nuevo equipamiento y servicios operativos para la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, dirigida por José Luis Hernández Carrión. El primero asciende a 36 millones para la compra de servidores, la ampliación del almacenamiento y la potenciación de la plataforma backup (copia de seguridad). La razón es el gran crecimiento del volumen de datos de los sistemas digitales, 140 millones de comunicaciones solo en LexNET en el último año y medio.
Para agilizar su implantación, Justicia ha garantizado que la entrega de estos bienes no supere los dos meses y ha recurrido a la contratación centralizada. Esto implica que la adquisición a una empresa privada solo requiere la selección específica y justificada de estos. Así, se propuso a Hewlett-Packard Servicios España S.L. «por tratarse de la única que dispone de las referencias necesarias para su catálogo». Por otra parte, el segundo de los acuerdos, que suma 19,1 millones, sí se someterá al principio de contratación mediante procedimiento de licitación abierta. Está destinado a la adquisición de herramientas de mantenimiento y acciones preventivas, correctivas y evolutivas de los programas informáticos de la Administración de Justicia.
Unos 12.000 equipos nuevos
Este anuncio, en plena polémica por el funcionamiento de LexNET (un ciberataque el viernes obligó a bloquear el acceso por Internet desde el extranjero), vendrá acompañado de nuevas inversiones en transformación digital que ya están presupuestadas y que alcanzarían los 139,27 millones, un 77,3 % más. Es decir, a los 55 millones ya aprobados por su urgencia faltarían por consumar otros 84 en este curso presupuestario.
Pero ¿a qué están destinados? Unos 11 millones irán a la renovación tecnológica, a la adquisición de 12.000 nuevos ordenadores de sobremesa y 2.600 portátiles ultraligeros para jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales).
Este año se repartirán los primeros 4.400. Y en sedes judiciales y salas de vista, nuevas redes wifi, escáneres y mejores sistema de grabación. Fuentes ministeriales han confirmado que la compra de los ordenadores se realizará a través de la Ley de Contrato Público y el servicio central de suministros.
Otros 26,7 millones se destinarán en este plan renove de la administración judicial a la implantación de la justicia digital, con vistas a acelerar la digitalización de órganos judiciales (77 partidos este año), reforzar la ciberseguridad e impulsar la innovación (aunque parte de estas partidas ya van desglosadas en las mejoras que fueron aprobadas el 25 de agosto).
Casi 15 millones se destinan a la implantación de la digitalización en las fiscalías (16 departamentos en el 2017) y 14 millones están previstos para iniciar la construcción del nuevo modelo de Registro Civil según la Ley 20/2011. El resto, unos 18 millones, para adquirir infraestructuras de nueva generación que sustituyan al problemático LexNET.
Fuera del ámbito tecnológico, existe un montante presupuestario de 6,5 millones (680.000 euros el año pasado) dirigido a la adquisición de nuevos equipamientos para juzgados y fiscalías. Estos equipamientos se traducen en sillas, mesas, armarios, archivos, servicios, ascensores o maquinaria en aquellos órganos que tienen mobiliario de los años setenta.