Habían negociado el inicio de un nuevo proceso independentista tras la formación del Gobierno catalán, pero el acuerdo no se cerró por la reticencia de ERC y el aplazamiento de la investidura
03 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Un proceso constituyente para materializar la república. Este era el plan de gobierno para la duodécima legislatura que tenían entre manos los independentistas antes del pleno fallido de investidura del martes pasado. Sin embargo, el documento que estaban negociando, y que fue difundido ayer por la CUP, no fue al final suscrito por desavenencias entre Junts per Catalunya y Esquerra, que se resiste a volver a la ilegalidad, y no entró en vigor porque la elección del presidente de la Generalitat se ha aplazado sine die.
La hoja de ruta secesionista establecía como objetivo final del proceso constituyente la elaboración de una carta magna que debía ser refrendada por la ciudadanía en un nuevo referendo. Antes de esa Constitución catalana, se impulsaría una asamblea constituyente, justo el día después de la formación del nuevo Gobierno presidido por Carles Puigdemont y estaría integrada por los diputados del Parlamento catalán (en principio solo participarían los independentistas y puede que los comunes) y representantes del mundo municipal. Además, los secesionistas buscarían la «internacionalización de la república» y la «construcción nacional de los Països Catalans», así como el control público y la soberanía de las infraestructuras estratégicas.
Sin capacidad
El texto debía ser firmado por los tres partidos secesionistas el martes pasado, poco antes de la sesión de investidura, pero Esquerra puso reparos, aunque la puntilla fue la decisión de Roger Torrent de aplazar el pleno de investidura. Las tres formaciones, en cualquier caso, no se pusieron ayer de acuerdo sobre si el texto era el definitivo, un principio de acuerdo o una base sobre la que negociar. Los secesionistas ya se comprometieron en la pasada legislatura a impulsar un proceso constituyente que, como la proclamación de la república, quedó guardado en un cajón la noche del 27O.
A pesar de lo ambicioso del plan independentista, Arran, la rama juvenil de la CUP, reconoció ayer que el secesionismo «no cuenta en estos momentos con la capacidad» suficiente para implementar la república catalana. Arran culpó a Torrent por aplazar la investidura y acusó a Esquerra de supeditarse a la legalidad española.
ERC condiciona la investidura a que no tenga consecuencias penales ni efectos perjudiciales
C. R.
De una manera u otra, con unas palabras u otras, Esquerra lleva días pidiendo a Puigdemont que se aparte para desbloquear la investidura catalana y que la Generalitat pueda empezar a recuperar el autogobierno. Abrió fuego Gabriel Rufián, cuando dijo que Cataluña no puede tener un presidente por Skype; le siguió Joan Tardá, el domingo pasado, al afirmar que si hace falta sacrificarán a Puigdemont; se sumó Roger Torrent, que pidió generosidad y aplazó el pleno de investidura; y Oriol Junqueras planteó una presidencia simbólica. Diferentes formas de reclamarle al candidato de Junts per Catalunya que renuncie y dé un paso al lado, como hizo Mas en el 2016.
Esta catarata de peticiones la completaron ayer Marta Rovira, secretaria general de Esquerra y líder del partido mientras Junqueras siga en prisión, que planteó que la «investidura no tiene que implicar consecuencias penales ni efectos judicialmente negativos» para los diputados y miembros de la Mesa de la Cámara catalana. Y otra vez el diputado Joan Tardá, quien recordó que nadie es «imprescindible». La formación republicana no puede ser más clara sin decir lo que quiere decir, y que no es otra cosa que la investidura a distancia que pretende el expresidente no es posible porque supondría desobedecer al Tribunal Constitucional y entrar en una nueva dinámica de querellas como en la legislatura pasada. Porque la presencial está casi descartada, toda vez que el presidente destituido ya piensa en vivir en Bélgica, en Waterloo para más señas.
La cuestión es que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, y Esquerra han marcado distancias respecto a Carme Forcadell y el mandato anterior y exigen a sus socios una investidura inmaculada desde el punto de vista legal, con garantías, que sea efectiva y que no arrastre a los juzgados a todos los que estén implicados. Se puede decir más alto pero no más claro. Esquerra puede insistir en público en que su candidato a la investidura es Puigdemont, y Torrent podrá negarse, por el momento, a iniciar una nueva ronda de contactos para proponer a otro aspirante, pero si acto seguido los republicanos ponen toda la retahíla de condicionantes que llevan días exponiendo sobre la mesa, el mensaje es inequívoco.
Se busca salida
Rovira también urgió a sus socios a que hagan pública ya la fórmula para que el expresidente de la Generalitat pueda ser investido y de manera efectiva. Es decir, que hallen la receta para elegir a Puigdemont con todas las de la ley, o ya se están buscando a otro candidato. Junts per Catalunya replicó ayer a la dirigente republicana con firmeza, pero sin concreciones. «Tenemos un plan», aseguró el portavoz adjunto de los neoconvergentes, Eduard Pujol. «Solo faltaría que no lo tuviéramos a estas alturas», dijo. Fuentes parlamentarias, en cualquier caso, ponen en cuarentena esta aseveración y apuntan que si el plan no se dio a conocer en los momentos previos al pleno del martes o en la entrevista entre Puigdemont y Torrent, cuando hacía falta de verdad, debe de ser porque no existía. O al menos porque no convence a todas las partes, especialmente a los republicanos.
Junts per Catalunya insistía, no obstante, que con el «reglamento en la mano» el martes pasado era posible la investidura. Los secesionistas siguen cerrando públicamente filas con el expresidente, a pesar de que ya haya nombres alternativos sobre la mesa de negociación. Uno de ellos, Jordi Sánchez, expresidente de la ANC y recluido en la madrileña prisión de Estremera. Pujol dijo de él que es el presidente del grupo parlamentario, que espera que salga pronto de prisión y pueda ejercer su función como parlamentario. Pero nada de hablar de planes B.
Una de las fórmulas para la investidura que está sobre la mesa la apuntó ayer la ANC, en línea con la propuesta de Junqueras de dos presidencias, una simbólica y otra efectiva. La Asamblea, según su tesorero, Marcel Padrós, sugiere celebrar el pleno de investidura con Puigdemont como único candidato, que tome posesión y acto seguido nombre al Gobierno y delegue la gestión en un conseller en cap (‘consejero jefe’). Esta idea, sin embargo, no cumple los requisitos de Esquerra.
En la Moncloa consideran inviable el plan B planteado por Oriol Junqueras
El Gobierno no considera que el plan B del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, sea una opción factible. En la Moncloa no contemplan que el Parlamento de Cataluña pueda elegir dos presidentes de la Generalitat, uno ejecutivo y otro simbólico, para que Carles Puigdemont sea reconocido en la distancia. El Ejecutivo solo señala un camino al líder de Junts per Catalunya, el del retorno a España para ponerse a disposición de la Justicia. «No merece otro reconocimiento -zanjó ayer Íñigo Méndez de Vigo-; este tipo de afirmaciones parece que no tienen ningún viso de realidad».
Pero la hipótesis que toma cuerpo en la Moncloa es la de que volver a España no entra en los planes del expresidente catalán. Sobre todo después de conocer que Puigdemont ha alquilado una residencia en la localidad de Waterloo, donde, recordó con retranca el portavoz del Gobierno, terminó el Imperio de los Cien Días de Napoleón Bonaparte. De ser así, e impedida por el Tribunal Constitucional la investidura a distancia, el Ejecutivo insiste en que la pelota está sobre el tejado de Roger Torrent.
Nuevo candidato
Desde que el presidente del Parlamento catalán aplazó el martes el pleno de investidura, el Gobierno le ha trasladado una y otra vez que suya es la responsabilidad de convocar a los grupos para proponer un nuevo candidato libre de cargas judiciales que pueda obtener sin problemas la confianza de la Cámara. «Ha habido mucha fuerza en la defensa del derecho a decidir y ahora nos encontramos con que algunos no deciden nada», reprochó Méndez de Vigo.
Fuentes gubernamentales apuntan que la ley catalana del Gobierno otorga al presidente del Parlamento esa tarea y que, de no hacerlo, Torrent estaría incumpliendo la norma y generando un bloqueo político en Cataluña. En todo caso, el Gobierno está a la espera que los letrados de la Cámara esclarezcan si la cuenta atrás para unas nuevas elecciones se ha activado aun sin sesión de investidura.
