El PP utiliza una vieja investigación a Planas para pedir la dimisión de Pedro Sánchez
ESPAÑA
La Fiscalía anunció que pedirá la desimputación del ministro en una causa por uso indebido de agua en Doñana
15 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Ni un respiro. Solventada con la dimisión del ministro de Cultura, Màxim Huerta, la primera gran crisis en el Gabinete de Pedro Sánchez, el PP se lanzó ayer con toda la artillería contra el jefe del Ejecutivo para exigir la destitución del titular de Agricultura, Luis Planas. El que fue consejero andaluz en esa misma materia entre el 2012 y el 2013 está imputado por consentir, supuestamente, el uso indebido de agua de Doñana por parte de unos agricultores a los que el Ayuntamiento de Ayamonte había cedido el uso de unos terrenos previamente entregados por la Junta de Andalucía. En este caso, sin embargo, la presión de la oposición es limitada. El delito contra el medio ambiente investigado por el Juzgado de Instrucción de Palma del Condado correspondería a un período comprendido entre los años 2009 y 2012 (Planas llegó al cargo en mayo de ese último año) y, según publicó ayer El País, en un escrito de diciembre la Fiscalía ya adelantó que no acusaría al hoy ministro por considerar que no existen indicios relevantes sobre su participación, por acción u omisión, en los hechos.
Pablo Iglesias, que el miércoles sí se apresuró a exigir que Màxim Huerta cesara como ministro, avanzó que esperará a conocer cuál es realmente el criterio de la Fiscalía y a escuchar las explicaciones del propio Planas. Ciudadanos, a través de su secretario general, José Manuel Villegas, apretó un poco más, pero dio un margen al Ejecutivo: exigió la comparecencia urgente del ministro en la Cámara Baja e instó a Sánchez a salir de su «escondite». Solo los populares elevaron el tiro y reclamaron no solo la salida inmediata del ministro, sino la dimisión del jefe del Ejecutivo. El primer partido de la oposición desempolvó en su ofensiva unas declaraciones realizadas en el 2015 por el secretario general del PSOE cuando presentó el código ético de su partido: «Si soy elegido presidente, no abriré los despachos ministeriales a imputados ni aprobaré amnistías fiscales».
«Pues lo ha hecho de par en par», recriminó el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Teodoro García Egea. En realidad, las palabras textuales de Sánchez en aquel acto fueron que no abriría los despachos a «delincuentes imputados», una pequeña trampa porque, para ser considerado delincuente, debe haberse demostrado el delito. En todo caso, ni la ley ni el código interno de los socialistas exigen que se aparte del cargo a alguien por el mero hecho de estar siendo investigado por la Justicia. La línea roja para la asunción de responsabilidades está en la apertura del juicio oral.
Planas se defendió asegurando que ni él era «competente» ni tuvo conocimiento de que se estuviera produciendo un robo de agua en Doñana durante su etapa en la Junta andaluza. También el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, restó la mayor trascendencia al asunto. «No hay caso, no hay noticia, no hay indicio de delito», argumentó.
El principal rival de Susana Díaz será el delegado del Gobierno en Andalucía
El secretario de relaciones institucionales del PSOE, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, será el nuevo delegado del Gobierno en Andalucía. El hombre elegido por Pedro Sánchez es, junto al alcalde de Dos Hermanas, Quico Toscano, uno de los principales críticos con Susana Díaz. No en vano fue uno de los principales impulsores de la candidatura que el hoy ministro de Agricultura, Luis Planas, encabezó contra ella en las primarias para secretario general del partido en el 2013.
Aquella fue una operación suicida. Los críticos sabían que no tenían la más mínima posibilidad de ganar, pero quisieron que se visibilizara que aquello no era una balsa de aceite y que tenían su cuota de poder. Y Gómez de Celis fue uno de los «locos» que cuando Sánchez no era más que un diputado desconocido lo animó a competir por la secretaría general del PSOE.