Los acusados de rebelión piden las actas de los Consejos de Ministros de los años 2017 y 2018
ESPAÑA
Los 18 líderes del desafío secesionista que se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo han pedido a la sala más de 300 diligencias de todo tipo para intentar demostrar que en el otoño del pasado en año en Cataluña no se produjo un delito de rebelión, ni siquiera de sedición. Las pruebas reclamadas por el exvicepresidente Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán y el resto de encausados están, sobre todo, encaminadas a probar que no hubo violencia ni heridos y que el Gobierno y los diferentes servicios de seguridad e inteligencia del Estado jamás temieron que la intentona secesionista derivara en un verdadero alzamiento con la violencia necesaria para hablar de rebelión o con los tumultos indispensable para calificar el procés de sedición.
La Sala de lo Penal, en los autos del pasado jueves en los que abrió el juicio oral, rechazó reabrir la instrucción hecha por Pablo Llarena para practicar estas diligencias a fin de evitar dilaciones indebidas. No obstante, el Supremo dejó abierta la puerta a que durante el juicio se pueda aceptar parte de esta vastísima batería de pruebas.
La defensa de Junqueras y del exconsejero de Exteriores Raül Romeva es la que con más ahínco trata de demostrar que no hubo violencia. Reclama una pericial médica con dos especialistas del Hospital de San Pau de Barcelona sobre las lesiones que sufrieron los policías y los guardias civiles que actuaron el 1-O para evitar la votación. Esas heridas son, en parte, la justificación que ha usado Llarena para defender que sí hubo violencia, condición sine qua non para la rebelión. Los letrados de los exconsejeros de Interior , Trabajo y Territorio (Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull) piden multitud de informes para intentar demostrar que el Estado, hasta mucho tiempo después, nunca pensó que hubiera una rebelión. Quieren, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa diga si hubo planes de «contingencia» por la celebración del referendo o si se prepararon dispositivos para proteger las «instalaciones críticas» en esos días, algo que, hasta donde se conoce, no sucedió.
Estado de sitio
Los imputados aspiran a conocer todas las actas del Consejo de Ministros durante los años 2017 y 2018 «en las que se haya debatido, o incluso propuesto al Congreso, la declaración del estado de sitio». Son varias las diligencias en el mismo sentido, con diferente redacción, las que han planteado, sabedores que el Ejecutivo de Mariano Rajoy jamás se planteó (ni debatió, que se sepa) esa posibilidad. Y es que ese tema -según explican los especialistas- no es baladí, pues puede ser una baza de peso para desmontar la acusación de rebelión y la necesidad de la violencia para contemplar este tipo penal.
La tesis de los procesados es que si hubiera habido un levantamiento de carácter más o menos violento se habría activado (o cuanto menos estudiado) la declaración de estado de sitio, ya que precisamente la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio en su artículo 32 establece que se promulgará este último estado «cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios».
Siempre con el mismo objetivo de desmontar la acusación de rebelión, los encausados igualmente quieren tratar de demostrar que el 1-O y el 20 y 21 de septiembre del 2017 (asedio a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil) no hubo ningún tipo de daños, lo que también desmentiría el carácter «tumultuario» requerido para la sedición. Por ello, piden al Supremo que reclame al Ayuntamiento de Barcelona un informe «certificado» sobre los «daños ocasionados al mobiliario urbano» causados en la capital de catalana durante esos convulsos días. En los recursos figuran además las peticiones de que se haga pública la correspondencia completa que en los días más tensos mantuvieron los entonces presidentes Mariano Rajoy y Carles Puigdemont y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido con el exconsejero de Interior.