El Gobierno y el Parlamento catalán, bajo mínimos por el juicio del 1-O

La parálisis de la actividad ha llevado a la oposición a pedir la destitución de Torrent


barcelona / colpisa

Si la legislatura catalana ya iba al ralentí, con el inicio del juicio del desafío secesionista ha quedado casi paralizada. El Parlamento catalán echó la semana pasada el cierre técnico y la oposición montó en cólera contra el presidente de la Cámara. Inés Arrimadas, líder de la oposición, se olvidó por una vez de ser el ariete de Quim Torra y en esta ocasión lo fue de Roger Torrent, a quien pidió la renuncia inmediata por decretar el «toque de queda» parlamentario.

Dos decisiones de la Mesa de la Cámara, controlada por JxCat y ERC, que indignaron a las fuerzas no secesionistas: la anulación de una comisión sobre infancia, justo el día en que arrancaba el juicio, y el aplazamiento del pleno para que no coincida con la huelga general convocada por la Intersindical CSC, próxima a la CUP, este jueves. En principio, el pleno se celebrará la semana siguiente, aunque todo depende del calendario de comparecencias de los doce procesados en la vista en el Supremo.

El independentismo se está volcando con una presencia masiva en Madrid para cada una de las sesiones en el alto tribunal y esta dinámica se mantendrá durante todo el juicio. El Gobierno catalán también supedita su actividad al juicio. En la primera semana de la vista, la reunión semanal del Consejo de Gobierno se pasó del martes al lunes para que Quim Torra y el resto de miembros del Ejecutivo pudieran asistir al inicio de las sesiones.

Esta será una constante porque Torra tiene previsto asistir como público al menos cuando declaren Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell. También acudirán los consejeros cuando declaren sus homólogos procesados. El mensaje de los independentistas es claro: no pueden permitir que la situación política pueda percibirse como normal cuando se está celebrando un juicio contra sus líderes. Además, está el componente electoral, ya que el juicio es el escenario de la precampaña para los secesionistas. 

Llueve sobre mojado

En lo que va de legislatura, que arrancó en mayo con la investidura de Torra, el hemiciclo catalán solo ha aprobado cuatro leyes. Además, solo una de ellas es de nueva creación (la supresión del Consejo Comarcal del Barcelonés), porque tres de los nuevos textos normativos aprobados son modificaciones de leyes anteriores.

El ritmo lo marca la mayoría independentista. La legislatura tenía que haber arrancado en enero de hace un año, pero la insistencia de JxCat en investir a un presidente procesado (Puigdemont, Sànchez o Turull), postergó el comienzo. Con Torra, el secesionismo apostó por un gobierno efectivo, como pedía ERC, pero los parones en el Parlamento se mantuvieron. El hemiciclo estuvo tres meses sin actividad (en otoño) por las diferencias entre Esquerra y JxCat sobre los diputados suspendidos por Llarena.

Y cuando ya han resuelto (a medias) sus cuitas, se les ha echado encima el juicio y además se han dado cuenta de que ya no tienen la mayoría absoluta con la que empezaron la legislatura. Sin una aritmética clara, las fuerzas que apoyan al Gobierno catalán no están en disposición de sacar proyectos de ley adelante. Lo mismo les pasa con los Presupuestos. La Cámara catalana no está cerrada a cal y canto, pero sí bajo mínimos. Esta semana, la actividad prevista se reduce a comparecencias para la ponencia sobre el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, el intergrupo del pueblo gitano, la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, una reunión de la comisión de juventud y otra reunión del intergrupo de población, desarrollo y salud reproductiva.

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