La Moncloa niega que el pacto, en plena precampaña vasca, rompa la caja única
20 feb 2020 . Actualizado a las 20:11 h.El Gobierno transferirá al País Vasco la gestión de la Seguridad Socia antes de que acabe el año 2021. La cesión de esa competencia, largamente reclamada por el PNV y reflejada por primera vez en un acuerdo firmado, figura en el calendario de traspasos acordado entre los Ejecutivos español y vasco que comprende 32 competencias, entre las que se incluye la de prisiones. El estudio para el traspaso de la gestión de la Seguridad Social se iniciará en el segundo semestre del 2021 y culminará antes de que acabe ese año, una vez que los acuerdos del Pacto de Toledo «estén avanzados», según precisó la ministra, que explicó que se trata de una transferencia «tremendamente compleja». El traspaso de la gestión de la Seguridad Social completará todos los previstos en el Estatuto de 1979 y el Gobierno de Vitoria se dispone a tramitar ya la aprobación de uno nuevo.
El acuerdo, firmado por la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, se alcanza a pocos días de arrancar la tramitación de los Presupuestos, para cuya aprobación el Ejecutivo necesita el apoyo de los seis diputados del PNV, y un mes y medio después de que los nacionalistas vascos apoyaran la investidura de Pedro Sánchez. Algo que no excluye nuevas reclamaciones de los nacionalistas vascos, que arrancan así la precampaña de las elecciones autonómicas de abril con una concesión histórica del Gobierno, de la que no goza ninguna otra comunidad.
Traspaso de prisiones en el 2020
El Ejecutivo precisó que la transferencia no supone romper la caja única de la Seguridad Social, ya que las pensiones de los vascos estarán garantizadas por el Estado, aunque las gestione el Ejecutivo de Vitoria. Y ello, a pesar de que el pago de las pensiones en el País Vasco arrastra un déficit de 4.000 millones de euros. Según el Gobierno, el traspaso no implica tampoco que los vascos puedan tener prestaciones superiores a las del resto de españoles, aunque las pensiones en esa comunidad estén ya muy por encima de las de la media española. Ni Darias ni Erkoreka aclararon cómo se gestionarán las jubilaciones de los trabajadores de otras regiones de España que residen en el País Vasco y que dependen de la Administración central.
La transferencia de la gestión de los de centros penitenciarios, otra histórica reclamación nacionalista, se producirá este mismo año. Aunque la política penitenciaria, que incluye las decisiones sobre el acercamiento de presos de ETA al País Vasco, seguirá en manos del Ministerio de Interior, la medida implica que el Gobierno de Vitoria podrá aplicar a los presos que cumplen condena en su territorio beneficios penitenciarios que flexibilicen las condenas, como ha hecho la Generalitat con todos los líderes independentistas condenados.
Antes, y casi de manera inmediata, se producirán otros traspasos como el de la competencia sobre productos farmacéuticos, el seguro escolar y las ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Todo el acuerdo se cerrará en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias del próximo 16 de marzo.
