Cisma en la Fiscalía por la decisión de no investigar al Gobierno por el covid

El número dos de la Fiscalía y jefe del Ministerio Público en el Tribunal Supremo denunció este lunes que recibió presiones internas para que admitiera las denuncias contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Luis Navajas señaló que dos fiscales del alto tribunal «contaminados ideológicamente» trataron de «influir» en su decisión, que al final fue la contraria y no admitió las querellas contra Pedro Sánchez y varios ministros.

Las palabras de Navajas fueron un bombazo en la carrera fiscal por su gravedad y por lo inédito de las mismas. El teniente fiscal del Tribunal Supremo relató en una entrevista en Onda Cero que antes de emitir el dictamen recibió en su despacho a Consuelo Madrigal, ex fiscala general del Estado con el Gobierno de Mariano Rajoy, y a «otro compañero», que no identificó pero que fuentes jurídicas apuntan a Fidel Cadena. Ambos, con Javier Zaragoza, fueron la acusación pública en el juicio del procés. Según Navajas, los dos trataron de influir en su criterio para que aceptara las querellas interpuestas por Vox, sindicatos de sanidad, asociaciones de consumidores y familiares de víctimas.

«Contaminados ideológicamente».

El número dos de la Fiscalía señaló que los dos «son fiscales de altísima consideración pero que en este asunto están contaminados ideológicamente». Citó el caso de Madrigal, que el pasado 4 de mayo escribió en el diario El Mundo «una soflama contra el Gobierno» cuando en la carrera fiscal «está absolutamente prohibido felicitar o censurar a las autoridades políticas». La ex fiscala general señaló que la prolongación del estado de alarma «constituye un ejercicio antidemocrático de poder» porque impone «un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo la cobertura de la prórroga del estado de alarma».

Un fiscal, según Navajas, «tiene que desprenderse de su ideología y, si no se siente capaz, que pida el relevo y se abstenga». Porque es cierto, reconoció, que uno se puede sentir «más cómodo» con un Gobierno que otro, pero «uno de los valores más altos que tiene el Ministerio Fiscal es la objetividad y la imparcialidad».

El juicio del procés

El número dos de la Fiscalía se tomó además su particular revancha por la actuación del Ministerio Público en el juicio del procés y su empeño acusar a los procesados de rebelión, tesis que nunca compartió. En las vistas «vimos cosas muy brillantes y otras menos». Pero el Supremo, en el fallo, compartió su criterio de que en el referendo ilegal del 2017 no hubo rebelión y el tribunal «pinchó el globo» a los fiscales.

Navajas, de vuelta a su ajuste de cuentas, explicó que para evitar las filtraciones no convocó a la Junta de Fiscales de Sala para deliberar sobre las querellas por la covid porque si reunía «a 35 fiscales por algún lado se me iba a escapar el agua». Además, puntualizó, en otras ocasiones también ha tomado decisiones relevantes sin convocar ese órgano, que fija criterios de interpretación y actuación legal. De haberlo hecho, además, habría tenido que excluir a algunos fiscales porque en este caso son «absolutamente esclavos de su ideología». Y apostilló: «Con esta tropa no podía ir a la guerra».

Aseguró que la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, se mantuvo al margen y «no ha intervenido para nada, ni por activa ni por pasiva ni directa ni indirectamente», en su dictamen. Un punto de vista que ahora tendrá que refrendar o corregir el Tribunal Supremo. El teniente fiscal explicó, entre otros argumentos, que no apreciaba pruebas suficientes de la comisión de delitos ni había quedado demostrado que hubiera causa efecto entre decisiones políticas y las muertes por el virus.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y conservadora, consideró que «tachar ideológicamente a los compañeros está fuera de lugar». La minoritaria y también conservadora Asociación Profesional e Independiente de Fiscales señaló que los comentarios de Navajas «no contribuyen a transmitir una imagen de unidad de actuación y de absoluta independencia o autonomía de Ministerio Fiscal».

Pero el número dos de la Fiscalía ya había avisado que no iba a callar ante las críticas de los sectores más conservadores de la carrera, que han ido «a los periódicos cobardemente, sin dar la cara, y ocultándose en el recurso del ‘señor fuentes’, fuentes del Supremo, fuentes de la Fiscalía» para decir que «el informe es un mal informe». «Eso -dijo en OK Diario- no se ha visto en la historia de la Fiscalía jamás». Este lunes cumplió su aviso. Le quedan, como recordó, 82 días para la jubilación. 

Protagonista en el juicio del Prestige, «monógamo, monárquico y madridista»

Le quedan 82 días para jubilarse y la cuenta atrás ha desatado su lengua. Luis Manuel Navajas Ramos (Granada, 1948) se definió este lunes a sí mismo como un hombre de tres emes: «Monógamo, monárquico y madridista». Y, cuando cuelgue definitivamente la toga y las puñetas, su máxima aspiración es convertirse en embajador ante la Santa Sede.

En Galicia es bien conocido por su papel cuando el caso del Prestige llegó al Supremo, donde se mostró muy crítico con la sentencia de la Audiencia de A Coruña, que calificó de «ilógica, errónea y arbitraria», por lo que pidió su nulidad para revisar la actuación del capitán Mangouras.

Como teniente fiscal del Tribunal Supremo, Navajas es el número dos de la carrera fiscal y por ello ha tenido que ejercer hasta en cuatro ocasiones de forma interina como fiscal general del Estado. Forjó su carrera en el País Vasco como máximo responsable del Ministerio Público en San Sebastián. Su apellido da nombre al informe que redactó en 1989 sobre una presunta trama de corrupción en torno al controvertido general Rodríguez Galindo en el cuartel de Intxaurrondo, caso que fue archivado, y participó activamente en la lucha contra ETA hasta que en el 2003 se convirtió en fiscal de sala del Supremo.

Tuvo un protagonismo especial en el caso del desafío secesionista al abogar por no acusar a los procesados de rebelión.

El Gobierno confía en que Casado negocie la renovación del Consejo del Poder Judicial tras la moción de censura de Vox

El Gobierno confía en que pasada la borrasca de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, el líder del PP se avenga a negociar la renovación de los 21 vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato venció en diciembre del 2018.

Santiago Abascal anunció que presentaría la moción en septiembre, pero a falta de ocho días para que acabe el mes no hay noticias de la misma. Ni fecha ni candidato. Pero el PP, que sabe que el movimiento de Vox es un examen a Casado, no quiere pillarse los dedos porque se teme que negociar la renovación del gobierno de la judicatura será un argumento notable para que el partido de Abascal arrecie sus acusaciones de compadreo con los socialistas, mientras que ellos son la oposición real.

Los cálculos de la Moncloa son que hasta que no se dirima ese debate no habrá novedades y el líder de la oposición seguirá encastillado en que no va a negociar con un Gobierno en el que uno de los dos socios, Unidas Podemos, pone en cuestión la monarquía parlamentaria, uno de los pilares del modelo constitucional. Casado lo volvió a recordar el fin de semana a raíz de las palabras de Pablo Iglesias, que defendió el sábado ante la dirección de su partido que la «tarea fundamental» es avanzar hacia la república. «¿Es esto para Sánchez defender la Constitución?», se preguntó el líder del PP en su cuenta de Twitter. «No se puede negociar la renovación de las instituciones con quien ataca la principal de ellas», remató.

Mayoría conservadora

Sánchez y PSOE esperan que Casado no se mueva de este mensaje, «pueril», a su entender, de aferrarse a los principios ideológicos de un socio del Gobierno para «incumplir la Constitución» y mantener bloqueado el Consejo del Poder Judicial, una institución capital en el armazón del sistema. El presidente del Gobierno apretó las tuercas en una entrevista en la Sexta el sábado por la noche y apuntó que es razonable sospechar que Casado no quiere la renovación para mantener la mayoría conservadora del consejo ante los juicios por corrupción que se avecinan y que afectan al PP.

El actual órgano de gobierno de los jueces fue elegido en el 2013, con el Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, y está formado por once vocales propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU y otro por el PNV. Además, su presidente, Carlos Lesmes, fue avalado por los populares. Está en funciones desde hace un año y medio largo, pero no ha dejado cubrir las plazas de jueces. Y tiene en cartera la designación de tres magistrados para la Sala de lo Penal del Supremo, encargada de revisar los casos de corrupción que lleguen a esa instancia.

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