La situación de abierta e irresponsable confrontación que vive la política española, mucho más rechazable en medio de la pandemia, está llegando estos días a su peor expresión, con la descarada lucha partidista que tiene como fin influir interesadamente en uno de los pilares del Estado democrático. Nada menos que el poder judicial y su independencia están hoy al albur de intereses que nada tienen que ver con el objeto constitucional. Según este, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano autónomo que tiene la finalidad de garantizar la independencia de los jueces frente a todos. Y su composición y su mandato están regulados por ley. Eso dice la letra. Pero los grandes partidos solo la respetan cuando les conviene.
No la ha respetado el PP, puesto que hace ya dos años que debería haberse renovado esta institución, y no se ha hecho porque el partido en la oposición prefiere mantenerlo tal como está, dado que interpreta que su composición actual le favorece notoriamente, y cualquier cambio le perjudicaría.
Y no la respeta la coalición en el Gobierno, porque al no lograr su renovación, pretende nada menos que cambiar el marco. Plantea imponer otras normas de elección, que están pensadas con un claro propósito: hacer irrelevante el voto de su adversario. Es decir: un trágala de proporciones inauditas.
Nada puede haber más antidemocrático, ni más lejano a la convivencia que hacer las leyes a medida para ponerlas al propio y exclusivo servicio. Si en ninguna situación es aceptable, mucho menos en este caso. Porque para sacarla adelante, el Gobierno se apoya sin rubor en partidos que han declarado expresamente su rechazo a España, como los independentistas, o su desprecio a las reglas e instituciones democráticas, como los populistas.
Nada de estas componendas coinciden con las expectativas y las preocupaciones de la sociedad. Mientras la población intenta hacer frente a la peor situación sanitaria, económica y social, que cada día se agrava más, los grandes partidos políticos convierten los despachos en trincheras y las instituciones en barricadas. Ni el Congreso y el Senado se crearon para darles este uso ni los ejecutivos central y autonómicos tienen legitimidad para librar batallas. Como publicó este diario el domingo pasado, una mayoría arrolladora espera que Gobierno y oposición se entiendan. Cuatro días después, la respuesta a ese mensaje no puede ser más preocupante: la población abandonada y la democracia zarandeada.