El director de la Policía Nacional, investigado por falta de medios en los disturbios del 2019
ESPAÑA
Tendrá que declarar el 9 de marzo tras la querella presentada por el sindicato Jupol
06 ene 2021 . Actualizado a las 08:48 h.Un juez ha citado como investigados al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y al comisario principal, José Ángel González, a raíz de una querella del sindicato Jupol por un delito contra la seguridad de los agentes en los disturbios tras la condena a la cúpula del procés.
El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona ha citado como investigados para el 9 de marzo al director general de la Policía y al responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, después de que la Audiencia de Barcelona le ordenase admitir a trámite la querella de Jupol, que inicialmente había rechazado, según informa Efe.
Jupol denunció supuestas deficiencias organizativas, de asignación de relevos o de refuerzos policiales y la falta de dotación de material antidisturbios durante la revuelta en octubre del 2019 en Barcelona, tras la condena a la cúpula del procés, en la que casi 300 agentes resultaron heridos, varios de ellos gallegos.
Según el sindicato, esta situación se podría haber evitado si desde la Dirección General de la Policía y el DAO se hubiesen puesto a disposición del operativo de la Policía Nacional los medios humanos y materiales necesarios para afrontar con seguridad los disturbios de esos días.
El sindicato policial sostiene que «los altos mandos no ajustaron su actuación a las normas de prevención que amparan a todo funcionario policial y, de ahí, que se tradujese en casi 300 agentes heridos». Según el citado colectivo, se detectaron «graves deficiencias» atribuidas al marco de actuación de los querellados, como la no asignación de relevos o refuerzos de personal, la falta de dotación de material antidisturbios o la ausencia de vehículos aptos para repeler los ataques de los manifestantes, como camiones de agua o vehículos blindados. Por este motivo, la querella acusa a ambos mandos de un delito contra la seguridad de los trabajadores, por incumplimiento del artículo 316 del Código Penal. Este artículo castiga a los que «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física».