El juez del caso Villarejo no logra identificar el teléfono de Mariano Rajoy

Desde que quedó en libertad provisional en marzo, tras pasar tres años y medio en prisión, José Manuel Villarejo avanzó que su dos premisas serían «poder hablar y defenderse». En estos meses, en los que se ha dedicado a bucear en el macro sumario de la operación Tándem, el comisario jubilado reivindica su derecho de defensa y lanza mensajes a sus antiguos clientes, colaboradores y fuentes de mesa y mantel.

Villarejo busca poner a prueba sus lealtades pasadas. Desde que el juzgado comenzó a desnudar a finales del 2017 sus lucrativas actividades parapoliciales todo ha ido cuesta abajo. Unos trabajos, por otra parte, que ya destaparon años antes los investigadores del caso del Pequeño Nicolás. Unos agentes de Asuntos Internos que fueron depurados por la cúpula policial más próxima al «agente encubierto». A sus 69 años, con un horizonte procesal oscuro, Villarejo elige en libertad a sus piezas según los acontecimientos. 

Presión

La operación Kitchen, el espionaje «ilegal» a Luis Bárcenas para recuperar documentos sensibles para el PP, según el juez Manuel García Castellón, está demostrando la delgada línea roja que separa la estrategia de los políticos y de los policías investigados en esta pieza separada. El comisario jubilado no ha tenido reparos en endosar a los exdirigentes populares la autoría intelectual del dispositivo. Y ha marcado en la lista a Mariano Rajoy.

Desde su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, el 27 de mayo, ha ido elevando la presión sobre el expresidente del Gobierno. Primero con menciones sobre su conocimiento «directo» de la operación, y luego sugiriendo que disponía del número del teléfono con el que conversaba «personalmente» con Rajoy. El juez lo citó al día siguiente de que mostrara a los parlamentarios su «deseo» de poder demostrarlo.

«¿Van las cosas bien?; ¿es cierto que Bárcenas puede tenerlos [los documentos] en un chalé en Baqueira?», eran algunas de las preguntas que, según dijo, recibió del expresidente. Una persona que, «además de los intereses que afectaban a su partido», estaba preocupada porque Bárcenas podía tener «informaciones delicadas de cuentas en el extranjero que podían vincular a altas instituciones del Estado», en referencia implícita al rey emérito. 

Los datos que se almacenan

Cinco semanas después de soltar la caña, Villarejo volvió al juzgado el 6 de julio y entregó el número que en su día le facilitaron para comunicarse supuestamente con Rajoy. «Ya solamente lo que tienen que hacer es comprobar esos mensajes», requirió.

El juez tomó nota y solicitó a la Policía Judicial que reclamase a las compañías telefónicas el tráfico de SMS que se habrían intercambiado, supuestamente, para ver si existieron. De forma paralela, pidió a Villarejo que aportase los otros números de Rajoy. Solo entregó uno y aseguró que no había podido encontrar el segundo sin tener las «agendas personales», que le fueron incautadas.

El instructor va a encontrar un «camino de obstáculos» para aclarar este supuesto conocimiento de Rajoy de la operación Kitchen al tratarse de un asunto del 2013. Las compañías solo están obligadas por ley a guardar datos durante un período medio de un año, y dos en circunstancias excepcionales. Recuerdan que las telefónicas no almacenan el contenido de los mensajes, solo de los metadatos.

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