Interior insiste ante la Audiencia Nacional en que no es competente en el retorno de menores a Marruecos
ESPAÑA

Recuerda que es la Administración local ceutí la competente en la tutela de los pequeños
28 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio del Interior insistió ayer ante la Audiencia Nacional en que «no es competente» en la tramitación de los expedientes relativos al retorno a Marruecos y reagrupación familiar de los menores que entraron en Ceuta de forma irregular en mayo, informa Europa Press.
En el escrito del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, Interior contesta al plazo de cinco días que le dio la Sala de lo Contencioso-Administrativo para presentar sus alegaciones al expediente. La Audiencia Nacional defendió su competencia para atender a esta cuestión, en paralelo al procedimiento abierto en un juzgado de Ceuta. Interior rebate la tesis del juzgado ceutí sobre que el acuerdo bilateral con Rabat del 2007 de que es «una declaración de intenciones» que «no constituye fuente de obligaciones internacionales, ni se rige por el derecho internacional».
El número dos de Marlaska sostiene lo contrario, que el acuerdo con Marruecos «se corresponde a un verdadero tratado internacional», y que así lo acreditó el Consejo de Estado en varias ocasiones. Interior recuerda, por otra parte, que su escrito de agosto recogía que el procedimiento elegido era el del acuerdo con Rabat del 2007, atendiendo al interés superior del menor y a la situación excepcional que vivía Ceuta, en contestación a la petición de la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local, pero «en aras de la colaboración administrativa» no como una instrucción. Interior insiste en que informó a la Fiscalía y que fue Ceuta la que solicitó aplicar el acuerdo con Marruecos. Al ser además la Administración local la competente en la tutela de menores, entiende que corresponde a los juzgados locales supervisar el procedimiento, y no a la Audiencia Nacional.