Puigdemont recusará a Enrique Arnaldo en las decisiones que afecten al «procés»
ESPAÑA
Pablo Casado defiende la elección del candidato propuesto por el PP porque el Tribunal Constitucional «no es poder judicial»
12 nov 2021 . Actualizado a las 20:27 h.La polémica renovación del Tribunal Constitucional ha abierto una brecha en la llamada mayoría de la investidura, pero tendrá también repercusiones judiciales. La primera de ellas será el intento del expresidente catalán Carles Puigdemont de apartar al magistrado Enrique Arnaldo de cualquier votación relacionada con la causa del procés recusándolo por su supuesta falta de imparcialidad. Las publicaciones de Arnaldo en contra del independentismo catalán serán el argumento utilizado. En un libro titulado Tiempo de Constitución, el magistrado acusa a los secesionistas de deslegitimar al Tribunal Supremo, lo que el autor considera «un ataque» contra «la Constitución misma y el ser de España como una nación».
Aunque Arnaldo ya explicó ante la comisión de evaluación del Congreso que escribir artículos con sus opiniones jurídicas sobre cuestiones políticas no le contamina, en su contra juegan antecedentes como el de que los actuales magistrados del Constitucional Cándido Conde Pumpido y Antonio Narváez se abstuvieron en las votaciones relacionadas con los recursos planteados por los líderes del procés tras admitir que se habían manifestado públicamente sobre la cuestión al tachar el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017 como un «golpe de Estado» y un intento de «derrocar la Constitución».
En el plano político, y pese a que varios diputados de Unidas Podemos rompieran la disciplina de voto y no apoyaran la designación de Arnaldo, el exvicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, defendió que su partido apoyara por «normalidad democrática» el pacto entre el PSOE y PP».
Iglesias defiende el pacto
«Cualquier barrera democrática que se pueda erigir ante la eventual voluntad política reaccionaria de las altas magistraturas del Estado parece una medida de autodefensa razonable», señaló en un artículo en el diario Ara. Aunque admite comprender «las reticencias y la náusea moral» de sus compañeros de partido ante los candidatos del PP, sostiene que cualquier elegido por los populares despertará siempre «la sospecha de connivencia con los corruptos o de corrupción directa».
Pero Iglesias va más allá, instando a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que él escogió como sucesora, a aceptar un futuro acuerdo entre populares y socialistas para renovar el Consejo General del Poder Judicial. «¿Acertaría pactando la renovación del CGPJ con la derecha, ya que el PSOE ha renunciado a cambiar el sistema de elección para evitar el veto del PP? Yo creo que sí», escribe.
El líder del PP, Pablo Casado, defendió, sin embargo, los perfiles de Arnaldo y de Concepción Espejel, la otra candidata elegida por su partido, asegurando que son «independientes» y de «reconocido prestigio profesional». Insistió en que ha seguido «los parámetros» de la Constitución y en que, pese a que hay candidatos propuestos por el PSOE que no son los «más idóneos», su partido ha seguido «las reglas» de la carta magna, que «no marca vetos» sino la «idoneidad profesional».
El PP distingue entre el Constitucional que, según Casado, «no es poder judicial», al igual que el Tribunal de Cuentas, y por ello sus miembros deben designarlos los partidos, y el CGPJ, cuyos vocales, a su juicio, deben elegirlos los jueces.