Los constitucionalistas están a favor de que se introduzcan algunos cambios y explican cuáles son
07 dic 2021 . Actualizado a las 08:43 h.Como cada año por estas fechas, se plantea la misma cuestión: ¿hay que reformar la Constitución? ¿Por qué, qué apartados y para qué? ¿Es posible ahora? Los expertos consultados por La Voz contestan a estas preguntas.
¿Hay que reformarla?
Los expertos coinciden: sí. «Llevamos décadas discutiendo sobre la necesidad de reformar la Constitución; las constituciones, ciertamente, son normas que tienen voluntad de permanencia, pero con el transcurso del tiempo suelen reformarse, para adaptarlas a las necesidades sociales», dice Teresa Freixes. Esta catedrática recuerda que hubo solo dos reformas desde que entró en vigor, «ambas derivadas del proceso de integración en la Unión Europea» y concluye que hay «algunas regulaciones que sería bueno reformar, porque no se pueden petrificar aquellos aspectos que hoy en día aparecen como desfasados».
Juan María Bilbao destaca que «lo primero que hay que advertir es que la reforma de la Constitución no debe considerarse como un hecho anormal o patológico, sino fisiológico, perfectamente normal», ya que «la reformabilidad, la adaptabilidad de las constituciones es un valor positivo para su pervivencia». «Nuestra Constitución acusa inexorablemente el transcurso del tiempo y ese desgaste de materiales no afecta por igual a todos los preceptos, pero no son pocos los que ya están obsoletos o presentan carencias», explica.
Su alcance
No es la panacea. Bilbao está a favor de la reforma, pero, añade, «conviene relativizar en todo caso los efectos de cualquier operación de ingeniería constitucional». «La reforma de la Constitución puede llegar a tener efectos muy saludables, pero no es la panacea universal», afirma, ya que «no resuelve por sí sola todos los problemas por arte de birlibirloque». En su opinión, «la causa última de muchos de nuestros males no está en las carencias o deficiencias normativas, sino en una mala praxis política». Y pone dos ejemplos: «No solucionaría el problema catalán ni la actividad política va a regenerarse con una renovación del marco institucional, si no se produce un cambio sustancial de la cultura política de este país». «El descrédito de la política tiene más que ver con la selección de las élites políticas o los comportamientos de los actores políticos (con la corrupción, con la deslealtad constitucional, con la numantina resistencia a asumir responsabilidades políticas o con el sectarismo o la insaciable pulsión de los partidos por ocupar las instituciones, por repartirse el botín y colocar a los suyos) que con el diseño institucional», señala.
¿Qué reformas?
Partir del informe del Consejo de Estado. Para Bilbao, «una primera pista sobre el contenido o el alcance de la posible reforma la encontramos en el informe elaborado en el 2006 por el Consejo de Estado a petición del Gobierno sobre una reforma limitada a cuatro puntos: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono; la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea; la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas; y la reforma del Senado». «Quince años después, la necesidad de tales modificaciones resulta más apremiante aún», sostiene.
«La experiencia acumulada en estos más de 40 años nos tendría que servir también para completar y renovar una declaración de derechos que en su momento se situó entre las más avanzadas del mundo», opina. «En cuanto a la regeneración democrática y su impacto en las instituciones del Estado, se podría estudiar la posibilidad de suprimir o limitar el fuero especial de diputados, senadores y miembros del Gobierno e incorporar los límites y condiciones establecidas por la jurisprudencia constitucional al contenido y alcance de la inmunidad o suprimir directamente la exigencia de autorización por parte de la Cámara (suplicatorio) para su procesamiento», asegura.
Informes de expertos
Sus recomendaciones. Freixes ha coordinado estudios realizados por expertos, en los que se apuntan las reformas que mejorarían algunos aspectos. Unas tendrían que acometerse por el método más complicado que marca la Constitución para «incluir el listado de las comunidades autónomas, eliminar la referencia a la pena de muerte en caso de guerra o suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona». Por la vía menos gravosa «sería bueno reformular el capítulo III, regulador de derechos socio-económicos para adecuarlo a los tiempos; la regulación de la investidura del presidente del Gobierno o la elección del Consejo General del Poder Judicial para dar mejor protagonismo a los jueces».
Reformas más urgentes
Organización territorial. Bilbao considera que «urge revisar a fondo el modelo de organización territorial, el Título VIII, para suprimir los preceptos que regulan el acceso a la autonomía, poner fin o limitar al menos el principio dispositivo, y llevar al texto constitucional la división del territorio nacional en comunidades, incorporando su denominación e incluso sus competencias, además de los principios básicos del sistema de financiación». En ese sentido, Freixes afirma que «también sería necesario introducir algunos principios básicos de los Estados compuestos (federales, regionales, etcétera) con técnicas que les doten de eficacia coercitiva; se trataría de los principios de lealtad constitucional o lealtad federal, así como el de cooperación multilateral o bilateral y una mejor cláusula de igualdad de derechos en todas las zonas del territorio de España, para evitar que lógicas diferencias que puedan existir en algunos casos se conviertan en privilegios».
Según Xavier Arbós, «habría que buscar la manera de reflejar la actual organización territorial del Estado en la Constitución, ahí el consenso debería comenzar por un balance del funcionamiento del Estado de las autonomías. Y habría que retocar lo relativo a la Corona; en concreto, reducir la inviolabilidad del rey a los actos en los que actúe como jefe del Estado». En su opinión, «el alcance que a veces se da a la inviolabilidad, cubriendo sus actuaciones privadas, la puede llevar a ser equivalente a la impunidad, y eso es un riesgo bastante grave para la legitimidad y futuro de la monarquía». Finalmente, «refinar el procedimiento de la investidura del presidente del Gobierno, incentivando los acuerdos y desincentivando la propensión a forzar la repetición de elecciones».
Arbós cree que las reformas más urgentes son las relativas a «reducir los privilegios del jefe del Estado y disminuir la incertidumbre acerca de la formación de Gobierno».
Ante la falta de consenso, la vía interpretativa
Arbós sostiene que, para hacer la reforma, «el consenso debe ser amplio, del tipo del que existió en 1978, eso significa que debe integrar diversidad de fuerzas en dos espectros: el de izquierda-derecha, y el de independentismo-centralismo». Freixes considera evidente que en estos momentos no se dan las condiciones, porque se ha perdido la «centralidad» en la vida política. Bilbao destaca que «nuestra incapacidad para reformar la Constitución es una anomalía histórica». Y añade que «el problema es la falta de voluntad para emprender y acordar una reforma, que no ha estado en la agenda política, ocupada por asuntos (supuestamente) más apremiantes». Prueba de ello es que «cuando ha existido voluntad política, la reforma se ha consumado en un tiempo récord (en menos de un mes)». «Por un lado, nuestros políticos nunca se han tomado en serio la conveniencia o la necesidad de una reforma constitucional; y por otro, no parece que en este momento el clima sea el más propicio para acuerdos transversales. La crispación y la polarización no ayudan», afirma. «La cuestión es si nos podemos permitir el lujo de seguir tirando, aplazando una vez más las reformas necesarias, si nos tenemos que resignar a ir poniendo parches como única terapia posible», se plantea. «La respuesta es que sí, que podemos continuar como estamos. Es una pena, pero no un drama», explica. «En ese escenario, cada vez más probable, la actualización del significado de nuestras normas constitucionales se seguiría haciendo, como hasta ahora, por vía interpretativa, cobrando mayor protagonismo, si cabe, el Tribunal Constitucional, sometido a una presión creciente», concluye.