El Tribunal Superior de Justicia catalán ordena a la Generalitat que proteja a la familia y al escolar de Canet acosados
ESPAÑA
El Gobierno y el secesionismo radical presionan a Aragonès a raíz de la orden judicial de que se imparta el 25 % de las clases en castellano en un aula de infantil
11 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno catalán recibió ayer toques de atención desde todos los flancos por la polémica sobre las clases en castellano en la escuela Turó del Drac, en Canet de Mar, localidad de 15.000 habitantes y situada a 50 kilómetros de la capital catalana. Las presiones le llegaron del Gobierno central, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del independentismo, que salió a la calle en esa villa para defender el modelo de inmersión en la escuela catalana y pedir al Ejecutivo autonómico que desobedezca.
El Gobierno central reveló una llamada de la ministra de Educación al consejero catalán del ramo para trasladarle su disposición a colaborar para proteger al menor de la familia que ha pedido más clases en castellano. El Ejecutivo condenó además las amenazas contra estos padres. La Moncloa, que exige a la Generalitat que cumpla la sentencia que obliga a impartir el 25 % de las clases en castellano, no verbalizó ninguna crítica a la Administración catalana, pero esta iba implícita en las palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, contra un Gobierno catalán que ha condenado tibiamente las supuestas amenazas y no ha salido a defender públicamente a la familia señalada y sí lo ha hecho con todas la demás.
La familia del menor pidió amparo a la Justicia y esta respondió ayer con una providencia que ordena a la Generalitat y a la dirección de la escuela que garanticen la protección y la intimidad del niño de cinco años y de los padres. La Generalitat debe adoptar, por tanto, las «medidas necesarias» para «preservar la protección e intimidad», así como garantizar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo».
La protección del anonimato de la familia, en cualquier caso, no se hizo de una forma del todo diligente, toda vez que el nombre y los apellidos del padre y de la madre circularon ayer por algunas webs independentistas, que señalaban al matrimonio, añadiendo datos sobre su profesión y asegurando del padre que había ido en las listas de Ciudadanos en las municipales.
Existían además dudas sobre cómo se haría compatible la orden judicial con la protesta que convocaron el sindicato de la CUP y el de estudiantes de los Països Catalans en Canet para celebrar a las puertas del colegio a la hora de la salida de los niños. Otros padres de la clase pidieron que trasladaran la protesta a otro sitio. La marcha, a la que acudieron varios centenares de personas, entre ellas dirigentes de ERC, Junts y la CUP, se alejó un poco de la escuela. Ciudadanos la calificó de «escrache separatista» y acto de «acoso y hostigamiento». Aun así, el consejero de Educación fue el más criticado y se le tildó de botifler (traidor) por acatar la sentencia judicial.