El Gobierno vasco dice que fue una «intolerable injusticia» el acoso a guardias civiles y policías nacionales en Euskadi
ESPAÑA
El último informe del Instituto Arrupe cifra en 357 las víctimas mortales de ETA entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
21 ene 2022 . Actualizado a las 21:42 h.«La injusticia padecida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias fue intolerable». Con esa claridad ha dibujado hoy su postura Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en la presentación del último informe del Instituto Arrupe sobre la injusticia padecida por determinados colectivos a causa del terrorismo. Tras los dossiers sobre concejales amenazados, agentes de la Ertzaintza o empresarios extorsionados, la consejería de Artolazabal pone el foco ahora en los guardias civiles y los policías nacionales que murieron a manos de ETA, 207 y 150 respectivamente.
Esos 357 asesinados son la punta del iceberg de las decenas de miles que se sintieron amenazadas por vestir uniformes verdes y azules en Euskadi entre 1960 y el 2011. «Todos ellos sufrieron la amenaza de un eventual atentado», admite el informe. «¿Cómo vivieron el azote del terrorismo de ETA ellos y sus familias, sus mujeres, sus hijos e hijas?», se preguntó Artolazabal, que no dudó en «invitar a la sociedad vasca a reflexionar, en torno a una memoria reparadora y empática, sobre el sufrimiento padecido por éstas y todas las víctimas inocentes».
En este sentido, trazó una raya diáfana. «La respuesta no puede venir desde la ideología o desde la posición política. No se trata de si son o no son de 'los nuestros'. La respuesta debe venir de los derechos humanos. Fue injusto, sin equiparaciones, ni compensaciones», recalcó.
Las declaraciones de la consejera esbozan un punto y aparte en «la visibilización y el acompañamiento a un colectivo con el que se ha dado por hecho que su sufrimiento venía dado, se veía como algo casi 'natural' por su posición de primera línea en la lucha contra el terrorismo de ETA», según el coordinador del trabajo, José Ramón Intxaurbe.
El profesor de la Universidad de Deusto aboga por «una reflexión autocrítica como sociedad» que conduzca a «un reconocimiento genérico por su esfuerzo, sacrificio y su contribución a la derrota del terrorismo». El propio Intxaurbe admite que vestir el uniforme verde o el azul oscuro bastaba para convertirse en objetivo prioritario de la banda. Tal y como cuenta una de los 14 agentes entrevistados, cuya identidad no se hace pública, «los terroristas ni siquiera tenían que pedir permiso para matar a guardias civiles, policías nacionales o miembros del ejército».
El informe contiene algunos gráficos que desgranan que la Guardia Civil acumuló el 58 % de las víctimas mortales mientras que la Policía Nacional sumó el 42 %. Que 17 familiares de agentes murieron en atentados, entre ellos dos adolescentes y once niños. Que se registraron 711 heridos. El documento, de 73 páginas, dibuja también el impacto geográfico tanto en Euskadi como en el resto de España. Del total de policías asesinados, 145 murieron en Guipúzcoa, 99 en Vizcaya, 33 en Madrid, 27 en Navarra, 24 en Álava y 14 en Barcelona, entre otros puntos de España.
«Como furtivos»
Quizá la parte más novedosa sean los testimonios, el relato personal con las experiencias de siete agentes y otros tantos hijos e hijas que vivieron en Euskadi. Unos llegaron por «vocación de servicio público» o «para luchar contra el terrorismo», otros para «recabar méritos» o «forzosos por sorteo» durante una temporada. Cuentan sus rutinas de autoprotección, cómo alejaban a los niños para encender el motor o el estrés postraumático que les dejaban los atentados y los funerales de compañeros.
También aspectos más cotidianos, como «la imposibilidad de tener amigos entre gente de la tierra». Bien en cuarteles o en pisos, «vivíamos como furtivos, sin que nos conociera nadie». A sus familiares no les atendían en algunos comercios del pueblo y las frecuentes malas miradas les condujeron al «aislamiento social». Algunos optaron por separarse de su familia durante meses o años para ahorrarles la presión, lo que propició tensiones y divorcios.
Naturalmente, llevan los atentados grabados a fuego, pero enmarcados en una llamativa 'normalidad' a la que se aferraron para sobrellevar el miedo. «Lo normal era que pasara un coche por la carretera, aminorara la marcha y desde el vehículo nos ametrallaran, pero aquel día noté que el tiroteo era diferente, que era algo más gordo», relata un guardia civil. Este hombre fue herido ese día y «disparaba al aire cada poco tiempo para que vieran que estaba vivo y no me remataran». Muchísimos confiesan que sufrieron secuelas psicológicas en un tiempo en que, además, eso era un tabú para personal que portaba armas.
«Desamparo institucional»
También hablan de «un desamparo institucional» especialmente en los 80, de la falta de ayudas y del laberinto burocrático para probar su condición de damnificados. «¿Sabes que los terroristas de mi atentado salieron antes de la cárcel de que yo consiguiera ser reconocido como víctima?», lamenta uno de los policías.
Los autores del informe recomiendan «facilitar el reconocimiento de la injusticia ejercida» sobre todo el colectivo de guardias civiles y policías nacionales que trabajaron en Euskadi. «Es precisa una rehabilitación social y moral», apuntan. Lanzan algunas propuestas, como incluirles en el programa Adi Adian de testimonios en las aulas o la colocación de placas fijas en los lugares de los atentados. Un guante lanzado al Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu y que todo apunta a que será recogido en algún tipo de acto de «reconocimiento».