El aristócrata y su socio tendrán que personarse ante el juez el próximo 25 de abril
11 abr 2022 . Actualizado a las 18:03 h.El juez Adolfo Carretero, al frente del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha citado a declarar a Luis Medina y a Alberto Luceño en calidad de investigados el próximo 25 de abril por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental por el supuesto cobro de mordidas en los contratos de emergencias para traer material sanitario a la ciudad de Madrid en la primera ola de la pandemia, en marzo del 2020.
Luis Medina y su socio comparecerán el 25 de abril a las 12.30 horas, según han precisado las mismas fuentes. Será entonces cuando aclaren al juez los hechos ilícitos que se les imputan.
El magistrado acordará previsiblemente en los próximos días el embargo preventivo de los bienes de los comisionistas a instancias de la propia Fiscalía. Un embargo preventivo no implica que el afectado pierda los bienes de manera inmediata, ya que su objetivo es garantizar que una futura sentencia condenatoria se cumpla, es decir, sirve como una medida cautelar.
Entre los bienes de Medina figura un yate modelo Eagle 44, llamado Feria y por el que pagó 325.515 euros del millón de euros que cobró por una de las operaciones. Su socio destinó el dinero de las mordidas a la compra de vehículos de alta gama, relojes Rolex, y una vivienda de lujo en Pozuelo con tres plazas de garaje.
El juez Carretero les citará a declarar al igual que a los testigos necesarios para esclarecer los hechos. El magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento.
Según la querella, Alberto Luceño y Luis Medina «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China».
Luis Medina fue la persona que contactó con el consistorio, aprovechando su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», un extremo que niega la alcaldía madrileña.
Al parecer, se le habría facilitado el nombre de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.
Según la querella, esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».
«En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», subraya el escrito de la Fiscalía.
Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la empresa de servicios funerarios y cementerios de Madrid -como compradora- y la compañía malaya EEE, como vendedora para adquirir material sanitario.
Según detalla la querella, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa EEE y él, de un dólar por mascarilla (915.000 euros).
10,8 millones al ayuntamiento
La querella señala que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, obteniendo «un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40 % de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas».
También recibió dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad «muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas».
Además, recibió 250.000 test covid-19, de los que casi una cuarta parte (60.000) eran inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7 %), y otra parte importante (115.000) eran, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80 %). «Como contrapartida, Alberto Luceño obtuvo, en concepto de comisiones, un total de 4,6 millones de euros, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal», recoge.
Con este dinero, el empresario pagó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros y tres relojes Rolex valorados en 6.550 euros, 26.000 euros y 9.900 euros, respectivamente.
De igual modo, el dinero se destinó a al compra de un Aston Martin DB11 (160.000,00 euros); un Ferrari 812 Superfast (355.000 euros), un Mercedes AMG GT 63S (149.999,01 euros); otro Mercedes SCL 300 (54.500 euros); un Range Rover Sport (102.000 euros); un KTM X BOW (91.800 euros); y un BMW I8 Roadster (121.000 euros)
Con excepción del Aston Martin, «estos vehículos fueron facturados a la sociedad de la que Alberto Luceño es administrador y accionista único, y a la que imputó el cobro de las comisiones percibidas por las operaciones de compraventa de material sanitario.
También pagó una vivienda en Pozuelo de Alarcón con tres plazas de garaje y un trastero por más de un millón de euros. Y se gastó otro millón de euros en la compra de más vehículos de alta gama como un Lamborghini Huracan Evo Spider y un Porsche Panamera.