El inspector que destapó a Villarejo recurre el cierre de la causa por corrupción policial
ESPAÑA
Jueza y fiscala rechazaron aplicar la directiva europea que protege al denunciante y archivaron la querella sin aceptar pruebas
23 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El inspector que se querelló contra ocho mandos de la anterior cúpula policial por proteger los negocios de José Manuel Villarejo ha recurrido el archivo provisional de la causa abierta por acoso laboral, amenazas, revelación de secretos, delito contra la intimidad o coacciones. En un escrito ante la Audiencia Provincial de Madrid, el agente Rubén López, investigador principal del caso del Pequeño Nicolás hasta que fue defenestrado por sus superiores, replica los motivos que han llevado a la jueza Josefa Bustos a cerrar el caso sin aceptar ninguna prueba. Con el respaldo de la fiscala Cristina Jiménez Casso, la jueza no solo no ha admitido testificales ni elementos documentales, sino que ha hecho caso omiso a la aplicación de la directiva europea que protege a los denunciantes de corrupción.
En el caso del inspector López, la jueza y la fiscala obvian que el objeto de la querella es la investigación de una trama de corrupción policial y que los investigadores han sido supuestamente perseguidos y defenestrados por sus mandos. Entre ellos están denunciados el director general de la Policía Nacional con el PP, Germán López, y el director operativo Eugenio Pino, por orquestar una presunta campaña de desprestigio y boicotear el trabajo del equipo tras destapar a Villarejo dos años y medio antes de ser detenido.
El denunciante recogió en sus informes estos hechos y mencionó la vinculación de otros responsables con las actividades privadas del comisario. Es el caso del encubrimiento atribuido al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que elaboró un informe que avaló la compatibilidad de las sociedades de este.
Por todo ello, López fue presuntamente coaccionado por sus superiores para detener las pesquisas, tal y como recoge la querella interpuesta en septiembre del 2018 y ampliada en marzo del 2020, que ordenó investigar la Audiencia de Madrid tras el rechazo inicial de la jueza Bustos.
A custodiar calabozos
El asunto no se quedó ahí, ya que el grupo investigador fue apartado tras el cambio de magistrado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, donde se sigue el caso Nicolás. Incluso la hoy titular, Pilar Martínez Gamo, los llegó a imputar en el 2017 por retardo malicioso. Tras esta decisión, el inspector pasó a custodiar calabozos. Pese al mandamiento de la Audiencia Nacional, la jueza Bustos ha restringido los interrogatorios a los denunciados, no ha dejado preguntar por cuestiones de otras causas que se solapan y ha rechazado incorporar elementos de prueba tan relevantes como las agendas intervenidas a Villarejo. Las mismas que confirmarían los nuevos audios sobre Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal. Estas anotaciones reflejan los seguimientos que se hicieron al grupo de López e, incluso, al primer juez del caso Nicolás, Arturo Zamarriego, con un objetivo: torpedear las pesquisas y buscar el archivo para proteger a Villarejo.
En suma, cuatro años después de la presentación de la querella, la jueza la despacha con la sola práctica de la declaración del investigado. Según el recurso, incumple además la orden de la Audiencia de Madrid con evidente «falta de esfuerzo investigador, análisis y motivación» y no se preocupa ni en comprobar si la asociación Transparencia y Justicia, dirigida en la sombra por Villarejo, se personó para instrumentalizar el caso, como también ocurrió con el incidente de tráfico de Aguirre.