Primeras querellas contra la Generalitat por no cumplir con el 25 % de castellano
ESPAÑA
La inspección vigilará que no se usen porcentajes, avisa el consejero de Educación
02 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El fantasma de la desobediencia sobrevuela de nuevo la política catalana. El consejero de Educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, tiene ya sobre la mesa querellas en contra por supuestos delitos de desobediencia y prevaricación. Su negativa a aplicar el 25 % de clases en castellano, tal y como le exige una sentencia del TSJC, sitúa la pelota en el tejado penal y no en el del contencioso administrativo. Corre el riesgo de acabar inhabilitado, como les ha ocurrido a unos cuantos dirigentes independentistas en los últimos años. Sin ir más lejos, dos de sus compañeros en el Gobierno catalán, Roger Torrent y Natalia Garriga, están cerca de sentarse en el banquillo por delitos de desobediencia, por actuaciones anteriores a su entrada en el Ejecutivo autonómico.
Tres entidades constitucionalistas llevaron este miércoles la polémica en torno a la aplicación del 25 % del castellano a la vía penal. Ciudadanos presentó una denuncia en la Fiscalía contra Cambray, por los delitos de prevaricación y desobediencia, mientras las plataformas Asamblea por una Escuela Bilingüe, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana se dirigieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusando al consejero de los mismos delitos.
El Gobierno catalán, en cambio, cree haber encontrado una argucia legal para sortear el cumplimiento de la sentencia. El consejero de Educación defendió este miércoles que el fallo es imposible de ejecutar, en tanto en cuanto existe un nuevo marco normativo en Cataluña, aprobado el lunes por la Generalitat, que establece que no se pueden aplicar porcentajes en la enseñanza de lenguas y que en consecuencia su obligación es cumplir la nueva ley. El Gobierno catalán ha pasado de decir que acometería cambios legales para dar respuesta y adaptarse a la sentencia a afirmar que estos cambios normativos imposibilitan el cumplimento del fallo judicial.
El derecho a recibir la enseñanza en castellano en al menos el 25 % de las asignaturas deriva directamente de la Constitución, recordó Cs, y, por tanto, —según la formación naranja— «no es modificable, alterable ni incumplible sobre la base de ninguna normativa inferior (ley orgánica, ordinaria, ley autonómica, normas o directrices autonómicas). A su juicio, «se impone a los centros una instrucción arbitraria y violadora de la legalidad vigente». Inés Arrimadas tildó a Cambray de «matón». En paralelo, PP y Cs llevarán el decreto de la Generalitat al Constitucional.
Estratagema legal
Según Hablamos Español, el Gobierno catalán ha dictado instrucciones en las que «se insta expresamente a desobedecer el mandato judicial». A su entender, «estamos ante una clara estratagema para no cumplir la sentencia y hacer imposible su cumplimiento». La Asamblea por una Escuela Bilingüe, además de una denuncia por desobediencia, reclama a la Justicia nuevas medidas para hacer efectivo el 25 % de castellano y pide la intervención del Gobierno. Este avisó que las «sentencias no se discuten, se cumplen», en palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en Onda Cero. En el mismo sentido, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, aseveró que «cuando el Poder Judicial emite una sentencia todas las instituciones y ciudadanos tenemos que aplicarla».
Lejos de eso, Cambray aseguró que la inspección educativa hará un seguimiento del cumplimiento dentro de las aulas de las nuevas normativas que, dice, deben servir para que no se apliquen porcentajes, es decir, para que no se aplique el 25 % de castellano que ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.