El Constitucional aborda las recusaciones de Vox a cuatro magistrados del sector progresista
ESPAÑA
El pleno del tribunal también analizará este martes el recurso del partido de Abascal contra la ley del «solo sí es sí», sobre la que se abstendrá el exministro Campo
24 ene 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Constitucional celebrará este martes su primer pleno jurisdiccional con un denso orden del día en el que se abordarán cuatro recusaciones a magistrados de la corte de garantías y las abstenciones ya anunciadas de Juan Carlos Campo y Laura Díez en aquellos puntos relacionados con su paso por el Consejo de Ministros y por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña respectivamente.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que este lunes se reunió en la Moncloa con Pedro Sánchez, ha puesto en marcha un plan de choque para desbloquear la admisión a trámite de decenas de asuntos pendientes y, ya a partir de febrero, para analizar algunos de los recursos que llevan más tiempo en la agenda del TC, como el presentado en el 2010 por el PP contra la ley de plazos del aborto aprobada a iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Vox ha pedido que cuatro de los magistrados del sector progresista —Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Segoviano, Laura Díez y Juan Carlos Campo— se aparten de las deliberaciones sobre el recurso contra la reforma del Código Penal que ha derogado la sedición y ha rebajado las penas por malversación, por entender que los cuatro tienen vinculaciones con el Gobierno que ha impulsado este cambio legislativo. En el improbable caso de que el pleno aceptase estas recusaciones, la mayoría progresista de 7 a 4 magistrados se convertiría en una mayoría conservadora de 4 a 3.
Precisamente uno de los temas más relevantes del orden del día es si el tribunal admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox, en este caso contra la llamada ley del «solo sí es sí». Otro de los asuntos sobre la mesa es el decreto de la Generalitat por el que se intentaba sortear la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impone un mínimo del 25 % de las clases en castellano en las aulas de la comunidad. Laura Díez se abstendrá en este punto, dado que como vicepresidenta de la Comisión de Garantías Estatutarias en su día elaboró informes a favor de no aplicar dicha cuota del 25 %.
El exministro de Justicia Juan Carlos Campo también se ha apartado voluntariamente de varios asuntos. Campo se abstendrá en el estudio del recurso de Vox contra la ley del «solo sí es sí» porque cuando la norma se aprobó todavía formaba parte del Consejo de Ministros. Juan Carlos Campo, pareja de Meritxell Batet, tampoco participará en las deliberaciones sobre los recursos presentados por el PP, Vox y el diputado Alberto Casero contra la decisión de la presidenta del Congreso de dar por bueno el voto telemático del diputado popular que permitió al Gobierno sacar adelante la reforma laboral. Casero había solicitado a Batet volver a votar de forma presencial en la Cámara tras comprobar que, durante la votación electrónica, había escogido por error el sí, pero la presidenta del Congreso rechazó la petición del PP y de Casero.
Comparecencia de Sánchez
Y al Congreso volverá este martes el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez comparece ante la Cámara Baja para dar cuenta de los últimos dos Consejos Europeos (celebrados en octubre y diciembre) y para informar de «las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania».
En el pleno también se abordará la validación del decreto-ley que recoge estas medidas anticrisis para hacer frente al impacto económico de la invasión rusa de Ucrania. Aunque estas medidas para paliar la subida de precios ya entraron en vigor al publicarse la norma en el BOE el pasado 28 de diciembre, el Congreso tiene que dar su visto bueno antes de que transcurran 30 días. El paquete anticrisis saldrá adelante con toda seguridad, ya que el PP ha anunciado que no votará en contra. Con el sí ya amarrado, desde Unidas Podemos presionan al PSOE para que se imponga un precio máximo a la cesta de alimentos básicos.