El Supremo condena a Junqueras por desobediencia y malversación y mantiene su inhabilitación hasta el 2031
ESPAÑA
El alto tribunal rechaza rebajarle la condena tras la reforma del delito de malversación por lo que no podrá presentarse a las próximas elecciones
14 feb 2023 . Actualizado a las 15:26 h.El Tribunal Supremo mantiene los 13 años de inhabilitación para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, al rechazar rebajarle la condena por la reforma del delito de malversación, por lo que no podrá presentarse a las próximas elecciones, al estar inhabilitado hasta el 2031. La Sala de lo Penal ha revisado la sentencia del procés tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el delito de malversación.
En un auto, la Sala concluye que debe condenar a Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por un delito de desobediencia con un delito de malversación, por lo que rechaza rebajarles la pena de inhabilitación, mientras que a Jordi Sanchez y Jordi Cuixart sí les condena por desórdenes públicos agravados.
De esta manera, el Supremo echa doblemente por tierra los planes del Gobierno: ni acaba con la inhabilitación de Oriol Junqueras ni considera que el procés debe ser calificado de desórdenes agravados. La Sala de lo Penal zanja así que, tras la reforma penal impulsada por el Ejecutivo que hizo desaparecer la sedición el pasado diciembre, la intentona secesionista solo puede ser calificada ahora de simple desobediencia.
Además, el Alto Tribunal, tras revisar la sentencia dictada en la causa del procés el 14 de octubre del 2019 ante la reforma del Código Penal, concluye que debe condenar Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa como autores de esa desobediencia, pero eso sí en concurso real con un delito de malversación de caudales públicos.
Por ello, rechaza rebajar a todos ellos las actuales penas por el delito de malversación que tenían impuestas, que quedarán extinguida, según la liquidación de condena ya practicada en las respectivas ejecutorias, en el año 2031 en el caso de Junqueras y Bassa, y en el año 2030 en el de Turull y Romeva.
La reforma exprés del Gobierno sí que beneficia al resto de imputados: Jordi Sánchez y Jordi Cuixart pasan a estar condenados por un delito de desórdenes públicos y Carmen Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn como autores de un delito de desobediencia. Pese a ello, en relación con estos condenados, la entrada en vigor de la reforma del 2022 determina la extinción total de sus respectivas condenas de inhabilitación.
En esencia, la sala da la razón al instructor del procés, Pablo Llarena, quien rechazó desde el inicio que el derogado delito de sedición pueda entenderse ahora castigado en el nuevo delito de desórdenes públicos, tal y como defendieron en sus escritos la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El Supremo, como hiciera Llarena, advierte que la reforma promovida por el Ejecutivo para contentar a sus socios republicano, «deja impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación».
ERC «celebra» que la justicia se haya visto obligada a «despenalizar» la intentona secesionista
Una de cal y otra de arena. ERC «ha celebrado» el auto del Tribunal Supremo que ha revisado las penas a los líderes del 'procés' y al mismo tiempo ha cargado contra el mismo, calificándolo de «golpe a la democracia».
Esquerra ha destacado que el auto del alto tribunal «advierta de que la reforma deja impunes los procesos secesionistas sin violencia». «Celebramos que caigan las penas de sedición», ha afirmado la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, tras la reunión semanal de la ejecutiva del partido. «Se ha despenalizado cualquier proceso independentista sin violencia», ha señalado. También ha celebrado que se haya extinguido la pena de inhabilitación para Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Quim Forn y Josep Rull. No así, en el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, condenados tras la revisión como autores de un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversación de caudales públicos. El Supremo ha rechazado rebajar la pena por el delito de malversación que los cuatro tenían impuesta y seguirán inhabilitados.
Según ERC, en el auto del Supremo se ve la «arbitrariedad» de la justicia española, que está a su juicio supeditada a la derecha retrógrada. «Es un golpe a la democracia», ha asegurado Vilalta. El Supremo quiere dejar en «papel mojado» el trabajo del legislador, ha criticado. «Atenta contra el sistema democrático», ha rematado. ERC ha anunciado que su intención es recurrir la decisión del Supremo primero al propio Alto Tribunal como un incidente de nulidad, más tarde al Tribunal Constitucional y más tarde a los tribunales europeos.
El PP aplaude la decisión
El PP celebró este lunes la decisión del Tribunal Supremo de mantener las penas al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, incluyendo la condena de trece años de inhabilitación, y de actuar como «contrapeso» frente a la «voluntad declarada» del Gobierno de beneficiar a los líderes independentistas. «Nos alegramos de que el Estado de derecho funcione», afirmó el portavoz de campaña, Borja Sémper, tras el comité de dirección en la sede nacional.
El auto complica el horizonte judicial de Puigdemont y los ex altos cargos de Economía
M. Lodeiro
El futuro judicial de Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig se complica después de que el Tribunal Supremo siguiese la pauta marcada en enero por el juez Pablo Llarena, de centrar en los delitos de desobediencia y malversación las acusaciones a los líderes independentistas huidos de la Justicia. En concreto, sustituir la sedición por desobediencia, y no por desórdenes públicos. Además, mantuvo la malversación agravada, cuyas penas son como las de la antigua, de 4 a 8 años de cárcel, pudiendo llegar a 12 si el perjuicio causado excede de 250.000 euros, y de 10 a 20 años de inhabilitación. La decisión también perjudicará a los exresponsables de Economía, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, pendientes de ser juzgados en el Tribunal de Justicia de Cataluña.
El manido «nos vemos en Europa»
El Tribunal Supremo ha afeado al Gobierno que haya debilitado al Estado con su nueva ley, al hacer desaparecer el delito de sedición, pero él ha velado por que los líderes independentistas condenados no eludan el cumplimiento de penas, al margen de las ya perdonadas con el indulto gubernamental. Los secesionistas prefieren por ello esquivar la seriedad y el rigor de los jueces españoles y buscar triquiñuelas ante tribunales europeos que les den aire. Es la misma estrategia que contra todo lo español, ya sean policías, lengua o jueces. Solo les valen instancias europeas, no por esa globalidad, sino por excluir lo español. De ahí viene el tan manido «nos vemos en Europa» que los políticos de Junts (Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn y Jordi Sànchez) repiten constantemente. Lo hizo Jordi Turull en enero. «Nos vemos en Europa», advirtió a Manuel Marchena. Ayer solo cambió el tiempo verbal: «Presentaremos los recursos que sean pertinentes, nos veremos en Europa, donde hay justicia, no venganza», señaló el secretario general de JxCat.
También el expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart, se mueve por el mismo interés de desacreditar a la Justicia española y rechazó la revisión de su condena porque, según él, no hay garantías de que no se «vulneren los derechos fundamentales». Y así uno tras otro. Hasta el abogado de Junqueras, Van den Eynde, acusó al Supremo de «hacer trampas» al interpretar de «forma sesgada» las modificaciones legislativas sobre la malversación de fondos públicos a los dirigentes independentistas juzgados para el 1-O y anunció que recurrirán a instancias europeas. Buscan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene a España por perseguir la disidencia política, pero lo que no dicen es que no está perseguida, sino que lo enjuiciado son los sucesos del 2017, la aprobación de leyes inconstitucionales de desconexión y el referendo ilegal. «La última palabra la tendrá el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos», tuiteó ayer Jordi Sànchez.
De momento, el Tribunal de Justicia de la UE, que decidirá sobre la retirada de la inmunidad a Puigdemont y Comín, ya resolvió el 31 de enero que Bélgica debe entregar a España a los líderes del procés salvo que constate fallos «sistémicos» en la Justicia española. Es decir, la batalla judicial la van ganando Llarena y Marchena.