Puigdemont exige un mediador internacional para una investidura que Yolanda Díaz da por hecha

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Carles Puigdemont, durante su comparecencia el martes en el Parlamento Europeo.
Carles Puigdemont, durante su comparecencia el martes en el Parlamento Europeo. OLIVIER MATTHYS | EFE

La líder de Sumar y titular de Trabajo en funciones asegura que está «convencida de que va a haber un Gobierno progresista en España»

06 sep 2023 . Actualizado a las 22:57 h.

El mecanismo de mediación que exige Carles Puigdemont como moneda de cambio para negociar la investidura de Pedro Sánchez es un relator internacional. El martes en Bruselas, cuando fijó sus condiciones para apoyar al candidato socialista, evitó concretar el carácter internacional del verificador. Pese a las premisas fijadas por Puigdemont, la vicepresidenta Yolanda Díaz se dijo este miércoles «convencida de que va a haber un Gobierno progresista en España». En un acto en Italia crítico con las políticas de ultraderecha de Giorgia Meloni, la líder de Sumar llamó a mirar a Cataluña «no como un problema» sino como «una oportunidad».

La idea del intermediario no es nueva. En octubre de 2017 y en 2018, el expresidente de la Generalitat reclamó en concreto que quien debía mediar entre el Gobierno central y el independentismo era Donald Tusk, entonces presidente del Consejo Europeo. En la célebre jornada del 10 de octubre de 2017, en la que Puigdemont se preparaba para declarar la independencia (luego dio marcha atrás), el secesionismo hizo correr que Tusk le había pedido que parara la DUI para abrir un proceso de diálogo con el Gobierno de Rajoy. Esa supuesta mediación nunca fue confirmada.

El expresidente de la Generalitat vuelve a poner sobre la mesa la figura de un verificador internacional, según trasladó a los dirigentes de Junts reunidos en Bruselas. Se habla de un perfil de prestigio en el ámbito de la UE. Jaume Asens, que ejerce de mediador entre Junts y Sumar, admitió ayer que la exigencia de un relator internacional es problemática y difícilmente asumible, pues es una figura más propia de procesos de paz o conflictos armados.

Ante la negativa del Gobierno a facilitar un relator para la mesa de diálogo, ERC tumbó en 2019 las cuentas y precipitó las elecciones. Entre 2020 y 2021, ERC y Junts llevaron sus pugnas a la mesa de diálogo y chocaron por la ausencia de esta figura.