El PSOE y Sumar llegan a un acuerdo de Gobierno que incluye reducir la jornada laboral
ESPAÑA
El pacto entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz incluye reducir la jornada laboral a 37,5 horas sin rebaja salarial. Podemos echa en falta cuestiones «importantes» y reclama ministerios. Junts y ERC añaden presión al socialista a un mes del plazo límite para ser investido
24 oct 2023 . Actualizado a las 14:22 h.El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición «progresista» tras cerrar sus líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, los detalles de un pacto que es «fruto de las negociaciones que han tenido lugar desde finales de julio».
El pacto incluye reducir la jornada laboral a 37,5 horas sin rebaja salarial, el principal escollo de la parte final de la negociación entre ambas fuerzas, que sitúan «el pleno empleo» como prioridad para la nueva legislatura.
Según el comunicado difundido por los dos partidos, el acuerdo incluye «ambiciosos avances» en materia laboral, como la citada reducción de jornada sin reducción salarial y un plan de choque contra el desempleo juvenil.
El pacto también incluye el refuerzo del sistema público de salud y el aumento del parque público de vivienda (con el objetivo de que alcance el 20 % del parque total); la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático; la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento; la universalización de la educación de 0 a 3 años y una reforma fiscal que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público.
«Se da respuesta así al claro mensaje que lanzó la ciudadanía en las elecciones del pasado 23 de julio: el rechazo a un gobierno de la derecha y la ultraderecha en España, y el mandato de seguir avanzando en derechos y libertades», han subrayado en un comunicado recogido por Europa Press.
La ratificación de este acuerdo de Gobierno de coalición progresista tendrá lugar este martes a las 12.30 horas en un acto público que contará con las intervenciones del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz.
La reacción del PP
Desde el PP han valorado con retranca el acuerdo «sorpresa» y «contra pronóstico» entre PSOE y Sumar. Los populares quedan «a la espera de que la presidenta del Congreso reciba la autorización de Pedro Sánchez para convocar un pleno de investidura», tres semanas después de que el líder socialista recibiera el encargo de Felipe VI. Y recuerdan que «el Gobierno en funciones lleva cinco meses» sin control parlamentario.
También valoran con ironía «la capacidad negociadora de Yolanda Díaz, que hasta el último momento se ha mostrado inflexible y dispuesta a dejar de ser vicepresidenta y pasar a la oposición con tal de no renunciar a sus férreos principios».
Urtasun celebra el pacto
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha mostrado «muy satisfecho» con el acuerdo alcanzado con el PSOE para reeditar el Gobierno de coalición, porque incluye importantes avances sociales, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y el compromiso «de seguir avanzando» en ese sentido.
Ha evitado aclarar cuando entrará en vigor de la reducción de la nueva jornada laboral sin reducir el salario y se ha remitido a la comparecencia que mantendrán hoy, a las 12.30 horas, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Lo que sí ha adelantado es que la reducción de la jornada a 37,5 horas figura en el documento y que hay un compromiso también para seguir avanzando en esa reducción «con el diálogo social».
Podemos reivindica su cuota
El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha manifestado este martes que echa en falta cuestiones «importantes» en el acuerdo programático entre PSOE y Sumar y que importa más que el contenido las personas que estarán en el Ejecutivo, para insistir en que la formación morada quiere tener ministerios para garantizar que hay «valentía» y «pelear» que los socialistas cumplen el pacto.
«De hecho yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que sin Ione Belarra no hubiese habido una ley de vivienda en la anterior legislatura, y sin Irene Montero no hubiese habido una ley trans», matizó.
Pendientes de Junts y ERC
Conscientes de que una repetición electoral podría perjudicarles, ni Junts ni ERC quieren aparecer como culpables de volver a las urnas. Aun así insisten en aumentar la presión sobre Pedro Sánchez cuando prácticamente queda un mes para que termine el plazo (27 de noviembre) para investirlo o disolver las Cortes y llamar a comicios el 14 de enero.
El domingo, Junts per Catalunya reiteró su voluntad negociadora de cara a la investidura del presidente en funciones, y habló de que el diálogo se desarrolla con discreción. Dando ya por superada la exigencia de la amnistía para los implicados en el procés, el partido de Carles Puigdemont, además de reivindicar la mediación de un relator extranjero que verifique el cumplimiento de los acuerdos, y la celebración de un referendo de independencia, recuperó el término «nación».
En un tuit, el expresidente catalán escribió que Cataluña «es una nación» que ve «en su independencia política la única manera» de seguir siéndolo. La negociación para la investidura está encallada en el reconocimiento del estatus de Cataluña que reclaman los independentistas, después del trágala de que no se podía aprobar la ley de amnistía antes de la investidura y de ver que la aprobación del uso del catalán en el Europarlamento también se dilata.
ERC no podía quedarse atrás y este lunes la portavoz Raquel Sans, además de reclamar «máxima discreción» en las negociaciones y evitar valorar «globos sonda» como la información de que PSOE y Junts trabajan en un posible reconocimiento de Cataluña como «minoría nacional», aseveró de forma tajante que para ERC, Cataluña es una «nación». Además de las cuestiones identitarias y de independencia (referendo pactado), los de Oriol Junqueras ponen más énfasis en cuestiones económicas como el traspaso de los trenes de Cercanías y el déficit fiscal, «asuntos que mejoran la vida de los ciudadanos», dijo Pere Aragonès en el Senado.
Junts tampoco se ha apeado de momento de la unilateralidad a la hora de convocar una consulta.