El último informe del Senado sobre la amnistía avisa de que afectará al sistema de financiación común
ESPAÑA
El borrador, que será votado el lunes en la comisión de las autonomías, alerta también de que la amnistía puede motivar futuros actos «insurreccionales»
03 abr 2024 . Actualizado a las 17:10 h.Como ya hicieran en octubre, la mayoría de presidentes regionales del PP comparecerán el próximo lunes en la Comisión General de las Comunidades Autonómas donde se abordará un informe sobre el impacto que la ley de amnistía puede tener sobre sus territorios. Un documento, no vinculante, pero que se adjuntará al expediente de la norma cuando esta salga del Senado, previsiblemente tras las elecciones catalanas, y en el que se avisará de los «peligros» que supondría su aprobación final. En el borrador, al que ha tenido acceso este periódico, se alerta de que la normativa puede alentar «todo tipo de actos insurreccionales» contra los principios constitucionales del Estado autonómico, además de que sienta «un precedente muy peligroso» para su subsistencia.
El informe, que saldrá adelante gracias a la mayoría que ostenta el PP en la Cámara alta, advierte además de que esta proposición de ley se opone a principios esenciales del Estado de Derecho, como el de la igualdad, además de que podría afectar «negativamente a todas las Comunidades Autónomas de régimen común». Según se explica, a pesar de que la ley que pactaron el PSOE y los independentistas catalanes asegura cubrir los delitos de malversación siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento, toda malversación afecta indudablemente «a la Hacienda única del Estado de la que se financian todas las comunidades». Por tanto, «la lesión de los intereses financieros de la Hacienda común supone una lesión de los intereses financieros de todas las Comunidades Autónomas».
El borrador incide también en la tesis que expresaron los servicios jurídicos del Senado que hablaba ya de una «tramitación fraudulenta y tortuosa» al hacerlo a través de una proposición de ley y no de una reforma de la Constitución como el PP defiende desde el principio. «Las Cortes Generales no solo no tienen constitucionalmente atribuida la potestad excepcional de conceder amnistías, sino que, de una interpretación sistemática de la Constitución, cabe deducir sin dificultad la existencia de una prohibición implícita de la amnistía», analiza el texto. Alude también a la regulación constitucional del derecho de gracia (artículo 62) de la Carta Magna que contiene «una prohibición implícita al legislador de conceder amnistías», así como a su incompatibilidad con los principios básicos del Estado de Derecho, la igualdad en la aplicación de la ley y la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para ahondar en la «manifiesta inconstitucionalidad» de la norma.