El Supremo no aplica la amnistía a Puigdemont: mantiene la malversación y la orden de arresto
ESPAÑA
La Sala de lo Penal tampoco aplica la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos, al exvicepresidente Oriol Junqueras
01 jul 2024 . Actualizado a las 20:44 h.El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado este lunes perdonar el delito de malversación que atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont y a dos exconsejeros y ha acordado mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.
Además, la Sala de lo Penal del alto tribunal tampoco aplica la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos, al exvicepresidente Oriol Junqueras, ya que considera que el delito de malversación de caudales públicos no se puede perdonar en este procedimiento.
La Sala ha acordado también promover cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional respecto del delito de desobediencia por el fueron condenados Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
En cuanto a la dirigente de ERC Marta Rovira, el juez le levanta la orden de detención, si bien da un plazo de diez días a las partes para que aleguen sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia.
Contra todas estas decisiones caben diferentes recursos. En el caso de Llarena, existe la opción de elevar recurso de reforma y de apelación. Respecto de la Sala, un recurso de súplica.
Tanto los autos del juez Llarena y de la Sala de lo Penal acogen el criterio de los cuatro fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del procés, cuyo dictamen fue rechazado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ordenó aplicar la amnistía a todos los delitos, algo que el Supremo ha rechazado.
Ni Llarena ni la Sala perdonan la malversación del procés
Llarena no perdona la malversación a Puigdemont, Comín y Puig porque entiende que sus comportamientos incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar este delito: que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la UE, por eso mantiene las órdenes de detención contra ellos, de manera que Puigdemont se arriesga a ser arrestado si regresa a España.
Al respecto, explica que los procesados tenían la disponibilidad de los fondos públicos confiados al Gobierno catalán y que la utilizaron para hacer frente a los costes inherentes al referendo del 1-O.
Fueron ellos «quienes, además, endosaron sus gastos a la Administración Autonómica, sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público. Y lo hicieron aprovechando sus responsabilidades en la Generalitat (...) para no tener que atender ellos el coste inherente a sus iniciativas personales, una vez que el Tribunal Constitucional había declarado nulas las previsiones presupuestarias sobre el referendo».
Asimismo, considera que concurre el daño económico a la UE porque el referendo «afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la UE».
Y ello, continúa, tiene «reflejo directo en los ingresos comprometidos por España en el presupuesto de la Unión, principalmente los vinculados a la recaudación de IVA y Renta Nacional Bruta, y consecuentemente, a los intereses financieros de la Unión», porque hubo pretensión de que los catalanes pasaran a ingresar sus obligaciones tributarias en una hacienda catalana y no en la Hacienda española.
Las críticas de la Sala a los legisladores
Por su parte, la Sala de lo Penal coincide con la argumentación de Llarena respecto de la malversación y, por eso, descarta acudir al Tribunal de Justicia de la UE porque «no podemos suscitar una cuestión prejudicial que plantee (...) si es correcto lo que correctamente ha decidido el legislador nacional al aprobar la Ley de Amnistía, esto es, excluir de todo perdón los delitos que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión».
Además, sin citar al Gobierno, señala el llamativo contraste entre la protección reforzada que la Unión Europea atribuye al delito de malversación de caudales públicos y «la lenidad del legislador español» que no ha dudado en perdonar graves delitos, así como las consecuencias económicas que de ellos se han derivado.
Y en otra crítica al legislador, destaca que «la precipitación con la que este texto legal ha visto la luz, reflejada entre otros aspectos en la visible distancia entre la redacción inicial y la que finalmente ha sido publicada, contribuye de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa».
La magistrada Ana Ferrer ha suscrito un voto particular discrepante contra el fallo acordado por la Sala de lo Penal por excluir de la amnistía el delito de malversación y ha apoyado plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.
Además, la dirigente de ERC Marta Rovira es por el momento una de las principales beneficiadas de la ley de amnistía, después de que el juez Llarena haya retirado su orden nacional de detención por el procés, si bien aún queda saber si la norma borrará el delito de terrorismo que se le imputa en Tsunami.
Del «normal funcionamiento» del Estado de Derecho a «La Toga Nostra»
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha considerado este lunes que la decisión del Supremo de no aplicar la Ley de Amnistía a Puigdemont es «el normal funcionamiento del Estado de derecho».
«Los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurídico español y conforme al ordenamiento jurídico europeo, no en base a los intereses y las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para garantizar su Gobierno y poder cumplir sus compromisos con los independentistas y con sus socios de Gobierno», ha dicho Gamarra en declaraciones a la prensa en Salamanca. Preguntada por si esta decisión del Supremo sitúa más cerca un escenario de adelanto electoral, Gamarra ha dicho que «la única consecuencia que tiene esto es la demostración de que en España el Estado de derecho es más fuerte que cualquier Gobierno» y que «nadie puede pervertir o intentar controlar al Estado en beneficio propio».
Y ha añadido: «Las leyes y el Estado de derecho tienen fortaleza y están por encima de los gobernantes incluso cuando intentan aplicarlas y utilizarlo para mantenerse en el poder a cualquier precio. Esta es una buena noticia para los españoles, ver cómo las instituciones del Estado funcionan por encima de un mal Gobierno».
El líder del partido, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha aprobado la ley de amnistía y, «por lo que se ve ni siquiera saben hacerla».
Una «falta de respeto»
Si bien el propio Puigdemont ha declarado en una breve publicación en redes que la decisión del Supremo ha sido tomada por «La Toga Nostra», en referencia a la mafia La Cosa Nostra, la portavoz de ERC, Raquel Sans, ha tildado este lunes de «falta de respeto a la democracia» el rechazo del Tribunal Supremo de no amnistiar a Oriol Junqueras y el resto de los condenados por el procés.
«Creemos que es una falta de respeto hacia la democracia, hacia la separación de poderes, hacia la ciudadanía en general, pero éramos muy conscientes de que sería una práctica que nos encontraríamos», ha asegurado Sans en una rueda de prensa desde la sede del partido, instantes después de conocer la decisión judicial.
Sans ha remarcado que el rechazo a la amnistía no es ninguna sorpresa, y ha acusado a los jueces de «hacer política y no impartir justicia». La portavoz ha añadido que la ley de amnistía se aprobó democráticamente y que al final los jueces «la deberán aplicar».
Posturas dispares en el Gobierno
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado que sabían que iba a haber «obstáculos» en la aplicación de la Ley de Amnistía, pero reclama que las instancias judiciales la apliquen en su «totalidad».
En rueda de prensa, ha rechazado también que este pronunciamiento del alto tribunal sea un elemento de «desestabilización» y ha proclamando que existe un «bloque» de investidura, donde está inserto Junts, que tiene voluntad de «sacar adelante» la legislatura. «Nosotros sabíamos que la amnistía iba a encontrar obstáculos, lo sabíamos desde el primer momento. Lo que defendemos es que hay que respetar la voluntad del legislador, que es que la amnistía debe ser completa en los términos en los cuales se aprobó», ha enfatizado Urtasun.
Por parte del PSOE, la portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, considera que la postura del Tribunal Supremo no afectará a la formación de Gobierno en Cataluña, ya que «son procesos diferenciados». «No puedo darle una valoración sobre lo que ha pasado, sobre futuribles y sobre cómo puede afectar. Entiendo que nada, porque son procesos diferenciados», ha resumido en rueda de prensa.
Otras fuentes de la dirección socialista han subrayado que no se ha presentado por el momento ningún recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía pactada con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, y señalan que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, cree que es inconstitucional, «está tardando».