García-Castellón archiva el caso Tsunami que acusaba a Puigdemont de terrorismo
ESPAÑA
La decisión se produce tras anular la Audiencia Nacional buena parte de la causa
09 jul 2024 . Actualizado a las 10:20 h.Adiós al caso Tsunami. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha archivado la causa por la que el Tribunal Supremo había imputado al expresidente catalán por un delito de terrorismo. En la misma figuraban otras 11 personas, entre ellas, además de Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el diputado de esta formación, Ruben Wagensberg. El juez ha remitido testimonio de su decisión al alto tribunal, después de que el propio García-Castellón le informara el pasado mes de noviembre sobre los indicios recabados contra Carles Puigdemont. No obstante, el líder de Junts sigue pendiente de esta causa en el Supremo, por ser aforado, además de tener una orden de detención por los hechos del procés y por un delito de malversación no amnistiado por el alto tribunal.
.
La decisión de García-Castellón es consecuencia del auto de la Audiencia Nacional que este lunes invalidó buena parte de la causa y que deja en el aire la imputación por terrorismo del líder de Junts y de la mayoría de los investigados. La sala de lo penal estimó el recurso de la dirigente de Esquerra Marta Molina, en el que denunciaba al magistrado por prorrogar la causa de manera irregular. En concreto, el tribunal anuló la instrucción realizada con posterioridad al 29 de julio del 2021, fecha en la que García-Castellón dictó un auto de prórroga de seis meses, que acabó derivando en las imputaciones por terrorismo acordadas el 6 de noviembre del 2023 contra Puigdemont, Rovira y otras diez personas más. A la postre, aquella decisión marcó las negociaciones sobre la ley de amnistía con el objetivo de que el terrorismo quedara blindado en la norma. La Audiencia Nacional señaló que la prórroga firmada el 30 de julio del 2021, fuera de plazo, fue «extemporánea», y ordenó al magistrado a continuar con la causa o dictar el sobreseimiento, basándose solo en las diligencias acordadas antes del 29 de julio del 2021. Finalmente, ha optado por la segunda.
Marta Rovira
La investigación comenzó en noviembre del 2019, días después de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia a los líderes del proceso independentista catalán, que conllevó acciones de protesta callejera en Cataluña, entre ellas, el bloqueo del aeropuerto de El Prat. Entre las diligencias acordadas después del 29 de julio de 2021 consta el informe de la Guardia Civil que sitúa a Rovira en el centro de la investigación al considerar que era «con mucha probabilidad» la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada Threema que actuaba bajo el seudónimo de Matagalls y que tenía «un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de Tsunami».
La resolución tiene una relevancia capital desde el punto de vista procesal, ya que afecta de lleno a los indicios acumulados en este período (cerca de tres años) sobre la presunta comisión de un delito de terrorismo contra la docena de encausados. Tras prorrogar la investigación, García-Castellón envió una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, admitida el pasado febrero, que decidió abrir una causa a Puigdemont por la «pluralidad de indicios» acumulados por el juez desde noviembre del 2019.
Esquerra Republicana celebró la decisión de la sala de apelaciones de la AN y cargó de nuevo contra García-Castellón, del que dijo que «siempre ha mostrado una clara intencionalidad política».