Las cesiones a los independentistas tensionan internamente al PSOE

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un acto electoral en Puertollano (Ciudad Real).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un acto electoral en Puertollano (Ciudad Real). JESÚS MONROY | EFE

García-Page expresa en público la preocupación de los líderes territoriales

27 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

Las cesiones del Gobierno a los partidos independentistas, y los privilegios que se aprueban para las comunidades gobernadas por los secesionistas, están tensando la relación de los barones socialistas, que se sienten discriminados en sus territorios frente a las promesas de una mejor financiación para Cataluña. Las protestas en público están lideradas, como es habitual, por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García- Page, pero no es esta la única comunidad que observa con preocupación las cesiones del Gobierno.

El líder castellanomanchego volvió a ejercer como la cabeza visible los barones socialistas, que se unen a las protestas de las comunidades gobernadas por el PP. García-Page, el único barón socialista que gobierna con mayoría absoluta, expresó su absoluto rechazo a que el Gobierno de Sánchez ceda ante las presiones de los secesionistas catalanes a cambio de sostener el Ejecutivo en Madrid. Y más, cuando los secesionistas han dejado al Gobierno en minoría como ha ocurrido con Junts en las votaciones de la ley de extranjería y el techo de gasto.

«Espero que algunos ya se hayan dado cuenta de que Carles Puigdemont no paga, solo cobra», señaló García-Page en referencia a Pedro Sánchez y al varapalo que sufrió el Gobierno el pasado martes en el Congreso, cuando Junts sumó sus votos a los del PP y los de Vox para tumbar el techo de gasto, que es el primer paso imprescindible para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el 2025. García-Page sumó sus protestas a las de los barones populares que critican lo que consideran privilegios para Cataluña y denunció la dependencia del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez respecto al imprescindible apoyo de los independentistas. Según García-Page, «salta a la vista» que Sánchez no tiene el control de la legislatura y es el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont el que tiene en su mano decidir en qué momento se pone fin a la legislatura.

Las quejas de García-Page se dirigen al expresidente de la Generalitat, huido de la Justicia y residente en Bélgica, quien maneja los pasos que su partido pone en marcha en el Congreso. Pese a la aprobación de la ley de amnistía, Junts sigue dando muestras sobre su papel imprescindible para Sánchez dejándole en minoría en el Congreso.

García-Page es el único que expresa sus diferencias en público respecto a la política que ejerce el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero los lideres socialistas en otras comunidades ven también cómo esas cesiones dan argumentos a los gobiernos autonómicos del PP. 

Dependientes de Puigdemont

Un año después de las elecciones generales del 23-J, tras las que Pedro Sánchez consiguió ser investido con el voto de los independentistas, el líder de Castilla-La Mancha aprovecha el castigo infligido al Gobierno por Junts para expresar su preocupación por el hecho de que la subsistencia del Ejecutivo socialista dependa de los siete votos de Puigdemont.

García-Page cargó con el modo de ejercer la política por parte de los independentistas, incluido ERC, que trata de obtener privilegios para Cataluña a cambio de hacer presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa. «A mí incluso me da vergüenza que se tenga que hablar con gente que habla con ese descaro de la caja, de quedarse con lo que es de todos», afirmó García-Page, en referencia a la petición de los independentistas de hacerse con la llave de la caja de la financiación.

«Ceder ante las exigencias de los independentistas en torno a la reforma del sistema de financiación» que reclaman todas las comunidades autónomas significaría «la puntilla directa a cualquier planteamiento de izquierdas», afirmó.