La querella se dirige también contra Víctor de Aldama y Koldo García
16 oct 2024 . Actualizado a las 08:23 h.La querella presentada por el PP contra el PSOE por los presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias apunta a los comisionistas del caso Ábalos como posibles autores de esa supuesta financiación ilegal. La querella se basa en el testimonio de dos informantes anónimos que aseguran haber llevado bolsas con dinero a la sede socialista de Ferraz por valor de 90.000 euros. Los populares piden al juez que solicite el registro de entradas a la sede socialista para constatar si en octubre del 2020 accedieron a Ferraz los empresarios que presuntamente habrían hecho entrega del dinero, y que se certifique el nombre del encargado de recepción en Ferraz en esos días.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sobre el que ha recaído la querella, ha pedido ya un informe a la Fiscalía para decidir si admite o no a trámite la denuncia de los populares. Pedraz instruye ya la causa abierta contra el empresario y comisionista Víctor de Aldama, cabecilla de la trama Koldo y que se encuentra en prisión por un presunto fraude en el mercado de los hidrocarburos que alcanzaría los 182 millones de euros.
Según la querella de los populares, Aldama habría actuado en favor de un empresario llamado Claudio Rivas Ruiz Capillas y de la mercantil Villafuel S.L. aportado sumas de dinero a sus contactos en el Gobierno, entre los que se encontraría, Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
La querella se basa en una información publicada en The Objective el pasado 10 de octubre en la que un empresario anónimo confirma haber llevado personalmente bolsas de dinero a la sede socialista. Esas entregas en efectivo podrían constituir, según los populares, delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal de partidos políticos
El PP se refiere a la empresa de Claudio Rivas y solicita que se investigue el expediente de la concesión del título de operador a la firma Villafuel para permitirle actuar en el mercado de hidrocarburos. Rivas habría pagado a cambio a Aldama un total de 600.000 euros para conseguir esa licencia. De ellos, 90.000 serían los que habrían acabado en la sede socialista.
La licencia a Villafuel se acabó concediendo en septiembre de 2022 y, según el PP, los testimonios anónimos son un «indicio bastante para iniciar una investigación para esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos».
Por otra parte, el juez Ismael Moreno recibió este martes la certificación de la condición de diputado del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que solicitó al Congreso como posible paso previo a la petición al Tribunal Supremo para que le investigue al estar aforado. El Gobierno rechazó también este martes en la junta de portavoces del Congreso la pretensión del PP de convertir la sesión de control del miércoles en un debate monográfico sobre la corrupción.