El PSOE registra una ley para limitar la acusación popular en los juicios en medio de las investigaciones al entorno de Sánchez
ESPAÑA
La norma establece la obligatoriedad de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa y aporta nuevos motivos de recusación para los jueces
13 ene 2025 . Actualizado a las 10:04 h.El PSOE registró este viernes una proposición de ley orgánica en el Congreso con el objetivo de limitar la acción de las acusaciones populares en los procesos judiciales. La nueva norma prohibiría ejercer la acusación popular a los partidos y las asociaciones o fundaciones vinculadas con las fuerzas políticas. El propio nombre de la proposición de ley, que habla de «garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas» deja bien claras las intenciones de los socialistas.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, explicó el contenido de la ley, en la se incluye la imposibilidad de abrir un proceso penal cuando la querella se base en recortes de prensa «sin el menor indicio de irregularidades». La norma suspende además el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, cuestión que ya había sido adelantada por el Gobierno.
La ley llega en un momento polémico, cuando están en marcha procesos judiciales contra dirigentes y exdirigentes socialistas y contra el entorno personal del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que han sido iniciadas por acusaciones populares sin contar con el apoyo de la fiscalía. Según López, el objetivo de la ley es impedir el acoso que se sufre cuando partidos y asociaciones usan las acciones populares de forma abusiva, con el fin de atacar a quienes no comulgan con sus planteamientos.
El texto incluye cuatro cuestiones como son la reforma de la acusación popular; la obligación de no admitir querellas basadas en recortes de prensa; la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y la posibilidad de la abstención y recusación de jueces que hagan declaraciones políticas.
Feijoo: «ley de impunidad»
Se prohibirá también ejercer la acusación popular a asociaciones de jueces y fiscales, lo cual supondría, por ejemplo, la exclusión de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La norma establece también que los que estén autorizados a ejercer la acusación popular no puedan participar en la fase de instrucción, sino exclusivamente a la fase de juicio oral y la de la formulación inicial de la querella.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, consideró que la iniciativa impulsada por el PSOE es realidad una «ley de impunidad para la familia socialista». «La idea tuvo que venir en alguna de las maletas venezolanas», dijo Feijoo en un mensaje en la red X. El presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, afirmó que «probablemente, se tenga que abrir ese debate», pero hay que trabajar «desde el rigor».
El PP agita la bandera de Venezuela y acusa a Sánchez de «laminar el Poder Judicial»
LOURDES PÉREZ
La proposición de ley registrada esta mañana por el PSOE en el Congreso, con un paquete de medidas para tratar de acotar lo que el partido de Gobierno considera «el acoso derivado de las acciones judiciales abusivas» -en medio de las causas que afectan al entorno del presidente Sánchez-, anticipa una guerra argumental cuando el debate llegue a la Cámara baja y con independencia de cuál sea su desenlace.
Batalla que el PP ya anticipa al definir la iniciativa como una maniobra meramente destinada a «perseguir a quienes denuncian, investigan e informan» sobre la presunta corrupción que interpela al jefe del Ejecutivo y su partido, fruto de «la desesperación» en que se hallan los socialistas y una muesca más en «su estrategia de laminar el Poder Judicial». Los populares agitan la bandera de Venezuela para comparar implícitamente la actitud de Sánchez con las practicas autoritarias del régimen de Nicolás Maduro y vuelve a intentar hurgar en la herida de los socios de investidura, al señalarlos como «cómplices de esta deriva».
Donde los socialistas esgrimen, con su proposición de ley, un instrumento de amparo frente a las operaciones de «los ultras» con intencionalidad política ante los tribunales, la formación de Albert Núñez Feijóo ve esa justificación «directamente indecente» después de «haber guardado silencio respecto a la situación» en el país caribeño; y «bastante simbólico» que el mismo día en el que Maduro «pretende perpetuarse en el poder en contra de la ley», en puertas de la toma de posesión prevista en Caracas, «el Gobierno de España esté impulsando el control y el amedrentamiento de los jueces».
Ese es el objetivo que atribuyen en Génova a la proposición de ley, que plantea, entre otras cosas, acotar la acción popular ante los tribunales -los detonantes, por ejemplo, de las causas contra la mujer y el hermano de Sánchez han sido sendas denuncias del pseudosindicato Manos Limpias-, prohibiendo que la ejerzan los partidos políticos. Para el PP, la pretensión de Sánchez es, simplemente, «legislar para protegerse a sí mismo», combatir no la corrupción sino a quienes la judicializan e intentar desviar el foco calificando de «procesos abusivos» los sumarios abiertos cuando «lo que es abusivo es enchufar a hermanos, enriquecer a amigos, hacer negocio de ser la esposa del presidente del Gobierno y sacar por la puerta de atrás de la Administración miles de millones de euros en comisiones ilegales»; acusaciones con las que los populares dan por veraces imputaciones sujetas aún a instrucción judicial.
El partido de FeijOo, que redondea su ataque reprobando de nuevo al presidente que tenga «a su servicio» al fiscal general y a la Abogacía del Estado, incide para terminar en su estrategia de intentar horadar las posiciones de los socios de investidura. A ellos les recuerda que permitieron que la moción de censura contra Mariano Rajoy con el argumento de responder a la corrupción, cuando Sánchez y los suyos «quieren acabar blindando por ley la suya». «Quien apoye iniciativas de esta índole será cómplice de esta deriva», señalan los populares.