La Asociación de Fiscales considera «indignante» que García Ortiz no dimita
20 ene 2025 . Actualizado a las 18:48 h.El juez Ángel Hurtado, que investiga en el Tribunal Supremo la presunta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no se resigna a dar por perdidos los mensajes que el jefe del ministerio público borró de su terminal telefónico. Hurtado ha requerido a las empresas Google y a WhatsApp los datos sobre las comunicaciones entrantes y salientes de García Ortiz.
El magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo ha enviado dos comisiones rogatorias a los proveedores de servicios para que aporten «cuantos datos obren en su poder» sobre las comunicaciones del jefe de la Fiscalía durante el período investigado. El juez toma esta decisión después de que así lo requiriera la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trata de acceder a esos mensajes.
En un auto, el magistrado considera «razonable» y «coherente» la petición de la UCO, por lo que accede a ello para intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos del fiscal general. En los dispositivos que le fueron incautados a García Ortiz, la Guardia Civil encontró «cero mensajes» en el período de tiempo que abarca la investigación.
El juez requiere ahora a WhatsApp LLC los mensajes recibidos y/o enviados por los usuarios, indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora, etc.), las copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados a los usuarios y el log o registro de las comunicaciones realizadas por los usuarios, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación.
En el caso de Google Inc, el juez pide los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de aplicaciones de terceros, copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados al usuario y log o registro de las comunicaciones realizadas por el usuario, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación.
Además de estas peticiones, el magistrado acuerda que se realice una copia de trabajo del volcado de información completo correspondiente a un teléfono móvil de García Ortiz y autoriza que se haga un análisis del terminal con el fin de acceder a las aplicaciones de mensajería instantánea y conseguir la información que permita el acceso a ellas.
En caso de que se pudiera tener acceso a esos mensajes, el juez Hurtado autoriza a la Guardia Civil a que elabore el correspondiente análisis circunscrito a los días 8 a 14 de marzo de 2024, que son los que están bajo investigación por ser las fechas clave de la filtración.
El instructor autoriza igualmente a la UCO a conectarse a las bases de datos donde pudieran encontrarse archivos susceptibles de contener la información de interés al objeto de proceder a su descarga, procesado y posterior análisis. Precisa que se tenga en cuenta que, de lo actuado hasta ahora, la información que se ha obtenido de interés para la causa ha sido extraída de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, insistió este lunes en que la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de no dimitir es un «indignante error» que compromete «el prestigio de todos» los miembros de la carrera fiscal. En un comunicado, la asociación se pregunta «¿dónde vamos a parar?» y si es asumible la imagen de la persona que dirige la Fiscalía entrando como investigado en la sede del Tribunal Supremo. La comisión ejecutiva de la AF incide en que «no es la institución la que es objeto de investigación» y que esta recae «sobre el fiscal general y las demás personas investigadas». La AF critica que la carrera fiscal tenga que «soportar declaraciones, cada vez más frecuentes, desde el Gobierno de la nación y desde otros ámbitos políticos y profesionales profiriendo ataques injustificables al Poder Judicial».
El novio de Ayuso pide otra vez suspender su cita judicial por un viaje programado
El empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado otra vez la suspensión de su declaración como investigado por fraude fiscal y falsedad documental, prevista el 7 de febrero, por un viaje profesional programado ese día a Estados Unidos.
La defensa del empresario ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el que carga duramente contra el fiscal que le investiga por su «cambio absoluto de posición» y sugiere que es debido al avance de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general por presunta revelación de secretos.
Porque, según González Amador, lo único que ha sucedido es que el Supremo imputó al fiscal general y a la fiscala provincial de Madrid por la presunta filtración del correo en el que el empresario reconocía dos delitos fiscales, y —subraya— determinó que Presidencia del Gobierno disponía de esas comunicaciones y buscó que los medios las tuviesen para publicarlas.
Pese a estar investigado desde hace casi un año, ni González Amador ni los otros cuatro imputados han prestado declaración ante la magistrada, que la semana pasada acordó citarle el próximo 7 de febrero, a petición de las acusaciones populares y de la Fiscalía, que alertó de que los plazos de instrucción corren y en marzo se debe decidir si se prorroga la causa.