Registrará hoy en el Senado su plan habitacional para realizar en cien días
01 feb 2025 . Actualizado a las 20:10 h.La escasez de vivienda en España es uno de los problemas en los que coinciden todos los partidos. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, presentó este jueves en el Colegio de Arquitectos de Madrid, arropado por 11 consejeros autonómicos del PP y decenas de agentes relacionados con el sector —registradores, notarios, inmobiliarias, antiokupas...—. un plan de vivienda que pondría en marcha en sus primeros cien días de gobierno si llega a la Moncloa y que este viernes registrará en el Senado, donde su partido tiene mayoría. Se trata de once líneas maestras de intenciones para el conjunto del Estado, pues las políticas de vivienda y las competencias del suelo son responsabilidad en último caso de las Administraciones autonómicas. Y, de hecho, varias de sus propuestas están superadas ya por alguna comunidad. Su proyecto pasa por movilizar suelo público, construir vivienda asequible, bajar impuestos a propietarios, inquilinos y compradores y aplicar medidas contra la okupación.
Feijoo comienza por ofrecer un pacto nacional por la vivienda y un aval de hasta el 15 % del total de la compra para la hipoteca de jóvenes. El Instituto de Crédito Oficial responde ya por el 20 %, al igual que la Xunta y la Generalitat de Cataluña, mientras que en Madrid el aval es del 100 % si el comprador no pasa de 40 años.
Las siguientes tres promesas de Feijoo también hacen referencia a los jóvenes: avales a la fianza del alquiler para rentas medias y bajas, con la creación de un fondo de garantías (el polémico decreto ómnibus del 29 de enero establece una garantía a los dueños que alquilen); ayuda de hasta mil euros para la emancipación hasta personas hasta 35 años, para alquilar o comprar (Galicia aporta hasta 3.000 euros si se tiene entre 18 y 35 años) si los ingresos no rebasan los 40.000 euros; y ampliación del Bono Joven de alquiler.
El PP también plantea reforzar la seguridad jurídica a los propietarios de los inmuebles ante el incremento de la okupación, por lo que «se garantizará el desalojo de okupas en 24 horas» y se endurecerán las penas en la ley. Es un guiño a la plataforma de afectados por la okupación que asistió al acto después de anunciar su ausencia tras conocer que el PP votará a favor del nuevo decreto ómnibus.
Esta propuesta de seguridad jurídica tuvo su pareja en la ley del suelo que el Gobierno tuvo que retirar el año pasado del Congreso por la falta de apoyos para sacarla adelante y que contaba con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias y del sector inmobiliario.
Además, el expresidente de la Xunta defiende «un urbanismo ágil», es decir, acortar plazos. Se comprometió a que las comunidades donde gobierna el PP «agilizarán la concesión de licencias de obras nuevas», implementando el silencio administrativo a los tres meses, frente a los nueve actuales. La reforma del PSOE buscaba acelerar la construcción de vivienda asequible, incluía que los planes generales de ordenación urbana no quedasen paralizados por defectos menores e introducía la eliminación del silencio negativo para la concesión de licencias.
Los apartados 8 y 9 de la nota de prensa del PP aluden a la defensa de la vivienda social y al uso de suelos procedentes de cesiones para soluciones habitacionales, con lo que «se movilizaría la inversión privada». Defiende reservar la mitad de la obra pública a vivienda asequible o un precio tasado que sea un 30 % inferior al de mercado. Se compromete a eliminar trabas burocráticas para reducir el tiempo medio de construcción, y aboga por levantar tres millones de viviendas en 15 años.
Las propuestas para incentivar el alquiler incluyen la deducción fiscal del 75 % a los arrendadores en relación con las rentas generadas en alquileres de residencia habitual, en especial a menores de 35 años o a mayores de 65. En este sentido, Pedro Sánchez anunció el pasado 13 de enero la deducción del 100 % del IRPF a los alquileres a precios tasados. El PP también propone reducir el IBI a la vivienda vacía que se alquile. La Ley de Vivienda prevé que los Ayuntamientos podrán aplicar un recargo, de entre el 50 % y el 150 % en el IBI de las viviendas desocupadas al menos dos años.