Un tercio de la cúpula fiscal pide la dimisión de García Ortiz tras negarse a contestar al juez del Supremo

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fernando Calvo | EFE

Trece fiscales de la Junta afirman que se está sometiendo a la Fiscalía a «una tensión insoportable» y consideran imprescindible su salida por el bien de la institución

01 feb 2025 . Actualizado a las 11:21 h.

La situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un presunto delito de revelación de secretos del novio de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la estrategia de defensa mostrada durante su declaración en el Tribunal Supremo, han provocado que 13 fiscales de la Junta de Fiscales de Sala hayan pedido su dimisión en una carta dirigida al propio García Ortiz. Los representantes del ministerio público consideran «imprescindible», por el bien de la institución que dirige y de los miembros que la integran, su renuncia como máximo representante de la Fiscalía.

Los 13 fiscales firmantes de la misiva, que constituyen más de un tercio de los 36 que componen este órgano, explican que durante su comparecencia como imputado en la causa que se sigue contra él por la supuesta filtración de información sobre un particular, negándose a contestar a las preguntas del magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, es algo impropio de un Estado de derecho democrático. Consideran los fiscales que se está haciendo un «daño intolerable» a la institución de la Fiscalía, por lo que «no cabe otra decisión que la renuncia».

«El avance de la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo y sus hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal», explican los fiscales que rubrican la carta, entre los que se encuentran miembros históricos del ministerio público como Javier Zaragoza, exjefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y actual fiscal del Tribunal Supremo, acompañado de los otros tres fiscales que actuaron en la causa del procés, Consuelo Madrigal, exfiscala general del Estado, Jaime Moreno y Fidel Cadena. Pero también figuran la exfiscala general del Estado designada por el Gobierno del PSOE María José Segarra; la actual fiscala jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán, o el fiscal jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Javier Huete, que el día de la declaración de García Ortiz le recibió en la puerta del alto tribunal.

«Tensión insoportable»

A estos se suman los fiscales de Sala Elvira Tejada, Pilar Martín Nájera, Antonio Narváez, José Miguel de la Rosa, Francisco Moreno y Manuel Moix. Todos ellos consideran que «la imagen del Ministerio Fiscal que el fiscal general del Estado representa y la institución misma que debe salvaguardar están siendo sometidas a una tensión insoportable». Estiman además que se están provocando «unos daños tan innecesarios como intolerables» al prestigio de la Fiscalía y «una merma de la confianza de la ciudadanía en ella», además de un «injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales».

Ha sido la declaración de García Ortiz la que ha provocado la reacción de los fiscales, que cuestionan su decisión de no responder a las preguntas del magistrado instructor. Esa posición, indican, «es impropia de un Estado democrático de derecho». «Puede hacerlo como investigado don Álvaro García Ortiz; nunca el fiscal general del Estado», indican.

«Los escenarios procesales por los que está obligando a transitar a la institución del Ministerio Público, que como fiscal General representa, son claramente reveladores de la necesidad de su dimisión», concluyen los firmantes de la carta, dejando claro que su «renuncia» no supondría «asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad» dejando «intacta la presunción de inocencia».

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