Delega en el organismo regulador los datos sobre la titularidad e ingresos
25 feb 2025 . Actualizado a las 18:12 h.El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales con el que se prevé crear un registro estatal de medios de comunicación que controlará la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). En este registro, los medios deberán inscribir su estructura de propiedad y los fondos públicos, tanto nacionales como extranjeros, que reciben en concepto de publicidad. De esta manera será la CNMC la que evaluará si existe procesos de concentración de medios y «no el Gobierno», según aseguró el titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López tras el Consejo de Ministros. «Tal y como establece la legislación europea, el registro tendrá que contener la propiedad de los medios, transparencia absoluta sobre su propiedad y también sobre la publicidad institucional que reciben». Las empresas de comunicación serán las encargadas de mantener actualizada esa información.
Esta norma, que adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación, «propicia un entorno digital seguro, predecible, plural y fiable tanto para la innovación tecnológica como para el acceso a la información», según López.
El Gobierno defiende que este reglamento busca reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a una información veraz en un entorno mediático plural y, para ello, establece la creación de este registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos, donde las empresas de comunicación aportarán los datos de su estructura. «El objetivo es reforzar a todos los ciudadanos» en un contexto en el que se ven «retrocesos» en cuando a la libertad de prensa y por la influencia de las noticias falsas, justificó López.
El texto aprobado por el Gobierno recoge modificaciones en tres leyes ya existentes para incorporar las provisiones de los reglamentos de la UE sobre servicios digitales, libertad de medios de comunicación y, en breve, la relativa a la inteligencia artificial.
El anteproyecto establece además un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6 % del volumen de negocio anual mundial de la empresa sancionada para infracciones muy graves.
Antecedentes
Fue el pasado mes de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba en el Congreso su «plan de calidad democrática» para combatir los «pseudomedios», los bulos y la desinformación. Según anunció en esa comparecencia el nuevo paquete de medidas pretendía «fortalecer la transparencia, la independencia y el pluralismo para garantizar una información veraz». Llegaban así al Congreso medidas que ya había perfilado el 29 de abril tras el período de reflexión de cinco días que le llevó a sopesar si seguir o no como presidente ante la «gravedad de los ataques» a su esposa, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras esa reflexión dijo que su próximo objetivo sería combatir lo que denominado «la máquina del fango». En cambio, para el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, estas medidas un «intento de controlar a los medios» ante las investigaciones por supuesta corrupción a su mujer, su hermano, o el caso Koldo.