La Mesa del Congreso admite a trámite la ley para delegar competencias migratorias en Cataluña

El polémico traspaso de competencias migratorias a Cataluña, acordado entre los partidos liderados por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, será debatido en el Pleno del Congreso. Todavía no hay fecha para ello, pero podría demorarse uno o dos meses. La celebración de este debate es lo único que garantiza la admisión a trámite este martes de su proposición de ley por parte de la Mesa de la Cámara Baja, donde el PSOE y Sumar, que cuentan con mayoría, votaron a favor, coincidiendo con el criterio de los servicios jurídicos, y los populares, en contra, por ser «una competencia exclusiva, indelegable e intransferible del Estado que afecta a la soberanía nacional». Más complicada será su aprobación —requiere de mayoría absoluta, al ser una ley orgánica—, ahora en manos de Podemos, que ya anunció la semana pasada su rechazo porque «se normaliza el racismo institucional».

También están asegurados los noes del PP y Vox, que denunciaron la inconstitucionalidad de la iniciativa, aunque la Mesa se negó a asumir el papel de la Corte de garantías. Socialistas y magentas recordaron la admisión a trámite hasta ahora de cuarenta proposiciones que presuntamente vulneraban el reparto de competencias establecido en la carta magna o afectaban a la soberanía nacional, incluso con Ejecutivos populares.

De Aznar a Rajoy

Durante el primer Gobierno de José María Aznar (1996-2000), nombrado presidente gracias al apoyo de CiU, PNV y CC, se tramitó y aprobó una ley que transfería a Cataluña competencias de tráfico, hasta entonces exclusivas del Estado. En la siguiente legislatura (2000-2004), ya con mayoría absoluta del PP, se admitió una iniciativa para que la Generalitat pudiera autorizar la convocatoria de referendos, aunque acabó siendo rechazada. También se debatieron proposiciones para traspasar los servicios meteorológicos a Cataluña y, las competencias sobre puertos y tráfico aéreo, a Galicia, a iniciativa del BNG. Las dos fueron tumbadas, pero discutidas.

En los albores del procés, durante el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy (2011-2014), también con mayoría absoluta popular, se tramitaron dos proposiciones para delegar a Cataluña la competencia para organizar un referendo sobre su futuro político, cuando ya se hablaba abiertamente de convocar consultas de independencia, según destacaron fuentes parlamentarias.

Pese a estos antecedentes, el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, criticó las cesiones de Sánchez a los posconvergentes, insistió en su inconstitucionalidad y llegó a acusar al socialista de «fragmentar el control fronterizo» de España. Mientras, Vox vio cómo la Mesa rechazaba su petición para apartar de la tramitación al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, «contaminado», en su opinión, tras haber sido director general y subsecretario del Ministerio de Política Territorial.

El catalán, ¿será un requisito?

Después de que el presidente del Gobierno advirtiera la semana pasada de que los inmigrantes deben conocer las lenguas cooficiales, y desmintiera así a la ministra de Inclusión, Elma Saiz, que había negado la existencia de este requisito, este martes, el portavoz del PSOE, Patxi López, negó que se vaya a exigir el catalán: «El conocimiento de la lengua, que ha protagonizado uno de los rifirrafes, ni es ni va a ser un requisito para expulsar a nadie o para denegar a nadie la entrada».

El acuerdo entre socialistas y secesionistas fue tildado de «pacto de la xenofobia» por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, a quien respondió el titular de Presidencia, Félix Bolaños, que la retó a leerse la proposición de ley. «¡Que hablen ustedes de xenofobia!», dijo el abogado, que le recordó a la popular que son socios de la ultraderecha.

Ahora, la Junta de Portavoces debe decidir la fecha en la que la iniciativa será llevada al Pleno, donde siguen sin salir las cuentas.

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