l 24 de abril se cumplirá un año de la estrambótica «carta a la ciudadanía» en la que Pedro Sánchez nos anunciaba que se tomaba «cinco días de reflexión» para decidir si continuaba al mando del Gobierno ante la cascada de revelaciones de corrupción en su entorno. Ya no eran solo los chanchullos de su admirado Koldo García —«el último aizkolari socialista», el guardián de sus avales— o de su inseparable José Luis Ábalos, el muñidor del partido tras la reconquista de manos de los viejos socialdemócratas que le habían expulsado por enrocarse en el no es no y amagar incluso con un pucherazo en un comité federal del PSOE.
En estos larguísimos doce meses, la línea de defensa establecida por Sánchez, y jaleada por su leal corte de ministros y Ferraz, ha sido de primero de manual del corrupto: negarlo todo. No podía ser de otra forma con el firmante, que no escritor, de Manual de resistencia, el apóstol del no es no.
Los cinco días de meditación atrincherado en la Moncloa acabaron no en renuncia, sino en una cascada de ataques y amenazas a los jueces que investigaban los escandalosos casos de su mujer, Begoña Gómez, de su hermano, David, y de la supuesta financiación ilegal de su partido. En insultos a los medios de comunicación, «seudomedios» en la nueva terminología socialista, expendedores de fango y necesitados de que un comité de puristas determine qué es verdad y qué es publicable. Vamos, la censura previa del franquismo disfrazada de neologismos insostenibles. Y, por supuesto, castigados sin inversión publicitaria para forzarles a reconducir su equivocadísima línea editorial.
Pero la maquinaria judicial y las investigaciones de la UCO no han parado y cada día hay un nuevo sobresalto para Sánchez y su familia. Por mucho que algunos socialistas afines al Gobierno insistan en que no hay pruebas, estas se acumulan en los miles de folios que la UCO ha remitido ya a los jueces. Hay pruebas por escrito de que Begoña Gómez impartía una cátedra para la que no tenía titulación, de que se reunió con los mandatarios de dos empresas semipúblicas y dependientes del Gobierno, Telefónica e Indra, para que le financiaran una herramienta informática, de que contó con la financiación de Wakalua, filial de Air Europa, en otra de sus aventuras personales mientras se gestionaba el rescate público de la aerolínea. Hay una denuncia de la Complutense por supuesta apropiación del software pagado por las empresas semipúblicas y Google. Y hay declaraciones y evidencias de que la Diputación de Badajoz creó sin disimulo una plaza para que David Sánchez, alias artístico Azagra, pudiera regresar de San Petersburgo con un buen salario y con tan pocas ganas de ir a trabajar como Jésica, la amiga entrañable de Ábalos. Y hay pruebas de que una funcionaria pública pagada con dinero de todos trabaja para los negocios personales de Begoña. Y de que otro contratado por la Moncloa hacía lo mismo para el hermano de Sánchez.
El nauseabundo olor a corrupción no ha desaparecido en este año. Y el «no, en absoluto» no detendrá las investigaciones ni de la UCO ni de los jueces.