El Gobierno tendrá que indemnizar al contratista tras anular el pedido. Díaz e IU rivalizan por atribuirse la marcha atrás del Ejecutivo. Israel «condena enérgicamente» la decisión
24 abr 2025 . Actualizado a las 23:33 h.El Gobierno dio este jueves marcha atrás al polémico contrato para la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí por valor de seis millones de euros. Tras las advertencias de IU sobre la posibilidad de abandonar el Gobierno si ese contrato seguía adelante, el Ejecutivo de coalición emitió un comunicado en el que explica que «tras haber agotado todas las vías negociadoras, la presidencia del Gobierno, la vicepresidencia segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems».
Horas después, Israel «condenaba enérgicamente» la decisión, al considerar que «está sacrificando consideraciones de seguridad por motivos políticos». Según un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, con su decisión el Gobierno español «continúa en el lado equivocado de la historia» y se posiciona «en contra del Estado judío, que se defiende de ataques terroristas en siete frentes». Además, destacó que se trata de un incumplimiento unilateral del contrato y criticó asimismo que el Ejecutivo español anunciara que se abstendrá de futuros acuerdos de defensa con empresas israelíes.
Sin permiso de importación
El Ejecutivo asegura que se denegará a dicha empresa «el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general» y, acto seguido, «el Ministerio del Interior rescindirá el contrato». Tanto la Abogacía del Estado como «los ministerios competentes», que son los de Interior, Defensa y Economía, ya están estudiando «posibles reacciones legales y reclamaciones», afirma el Gobierno.
El asunto había provocado un fuerte malestar en Sumar, que reclamaba al PSOE la anulación de ese contrato. «Los partidos del Gobierno de coalición progresista están firmemente comprometidos con la causa Palestina y la paz en Oriente Medio. Por esto, desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro», señala el Ejecutivo en su nota, que precisa que «los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y, los que sean armamento, no se van a ejecutar».
Sánchez zanjaba de esa forma, ordenando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la suspensión del contrato, la polémica surgida que amenazaba la estabilidad del Ejecutivo. El jefe del Gobierno atendía así las protestas de sus socios de coalición y tras intensas negociaciones decidía ordenar la revocación del contrato, incluso en el caso de que ello suponga el pago de fuertes indemnizaciones y la renuncia a recibir el material armamentístico encargado.
El miércoles, desde el Ministerio de Interior se aludía a la dificultad de anular el contrato por los posibles problemas de responsabilidad patrimonial que podía generar e incluso por la posibilidad de que existiera un delito de prevaricación. Pero finalmente Sánchez impuso su criterio y ordenó paralizar la compra.
IU y Díaz se atribuyen el mérito
El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, había definido la situación como «la mayor crisis de Gobierno» vivida hasta el momento, y culpaba al PSOE de incumplir la decisión adoptada en octubre de 2023, después de que estallara la guerra en Palestina, por la que el Gobierno se comprometió a no suscribir contratos armamentísticos con Israel. El propio Sánchez garantizó en el Congreso que desde esa fecha no había contrato alguno con empresas israelíes.
Aunque la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, trató de rebajar la polémica a una discrepancia entre los dos miembros de la coalición, Maillo y el diputado de IU Enrique Santiago abrieron la puerta a que Sumar saliera del Gobierno. Este jueves, sin embargo, Díaz se atribuyó el mérito de haber conseguido que el Ejecutivo diera marcha atrás y aseguró que fue ella personalmente la que llevó a cabo las negociaciones con el presidente del Ejecutivo. «Lo importante es que el Gobierno español no hace negocios con un gobierno genocida», señaló Díaz tras conocer la anulación del contrato.
Preguntada por el papel que ha jugado IU en esta cancelación, Díaz contestó que ella «personalmente» ha llevado desde el miércoles la negociación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y con el propio Sánchez. «Es lo que les puedo decir y lo he hecho personalmente», concluyó.
En Izquierda Unida creen por el contrario que el endurecimiento de su posición en contra de la compra de material bélico a Israel y su amenaza de romper el Gobierno de coalición fue fundamental para que el PSOE acabara plegándose a sus exigencias. «Nuestra actitud para impedir esta tropelía ha sido fundamental», señalaba IU en un comunicado difundido tras la ruptura del contrato.
El contrato origen del conflicto
Melchor Sáiz-Pardo (Colpisa)
El origen de la crisis en el Gobierno se encuentra en el incumplimiento por parte del Ministerio del Interior de la promesa formal que el Ejecutivo realizó el pasado octubre de no adquirir material militar a Israel y de frenar en seco las compras ya en marcha de munición a aquel país mientras persistiera la guerra en Gaza. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska finalmente cerró la pasada Semana Santa la adjudicación a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel, un contrato valorado en 6.642.900 de euros para la adquisición de 15.300.000 balas del calibre 9mm Parabelum para los arsenales de la Guardia Civil.
La formalización de este contrato tuvo lugar el día 16 de abril por parte de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, que cerró la compra con la empresa israelí Imi Systems LtdI (que figura como adjudicataria) y con la empresa israelí Guardian Homeland Security (representante), aunque las dos compañías israelíes comparten NIF. El anuncio del cierre de la adjudicación pasó desapercibido porque fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público dos días después, el Viernes Santo, festivo en toda España.
Y todo ello, a pesar de que el Ministerio del Interior, en una nota oficial el pasado 29 de octubre de 2024, afirmó textualmente que había «puesto en marcha el proceso para rescindir la adjudicación a una empresa israelí de un contrato de adquisición de cartuchería 9 x 19 mm» . «El Gobierno español mantiene el compromiso de no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza», señaló el Ejecutivo en aquel comunicado, que ha quedado en papel mojado y en el que también garantizaba que «otras empresas israelíes serán excluidas, como licitantes, en otros expedientes de adquisición de armamento que en estos momentos tramita la Dirección General de la Guardia Civil».
Interior alegaba este miércoles que finalmente se había decidido seguir adelante con el contrato por recomendación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó romperlo ya que el procedimiento estaba muy avanzado e iba a provocar un perjuicio económico a España. Incluso -aseguraban desde el departamento que dirige Marlaska- el informe de los servicios jurídicos «apuntaba la posible responsabilidad patrimonial de aquellos que participaron en la compra». «La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados», insistieron los portavoces de Marlaska este miércoles. «Interior, pese a este episodio, comparte el compromiso del Gobierno español de no vender o comprar armamento al Estado israelí adquirido desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza», abundaba el ministerio.
El contrato salió publicado esta mañana en el BOE pero ahora el Gobierno analiza qué tipo de solución administrativa encuentra para no hacerlo efectivo.
Interior y Defensa mantienen otros contratos con el país hebreo
G. B. Madrid / La Voz
Pese a la anulación del contrato para la compra de balas, el Ministerio del Interior mantiene un contrato por valor de 319.000 euros para chalecos antibalas para la Guardia Civil con la misma empresa israelí. Según fuentes de Interior, ese contrato para las placas de los chalecos antibalas no se considera sujeto al compromiso de no suscribir contratos de compraventa de armas con empresas israelíes, ya que se trata de un material de protección.
La adjudicataria del contrato resultó ser la empresa Guardian Homeland Security, filial española de la israelí IMI Systems. Mientras, el Ministerio de Defensa aseguró a Efe que no compra armamento ni munición a Israel, aunque mantiene dos programas con tecnología de ese país.
El Consejo de Ministros aprobó el 3 de octubre de 2023 la compra de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2 para el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina, por un valor estimado de 285 millones de euros, que desarrolla la compañía española Pap-Tecnos, cuyo proveedor tecnológico, según Defensa, es la empresa israelí Rafael, y que «no es sustituible». También está en marcha el programa del lanzacohetes de largo alcance SILAM, de cuyo desarrollo y fabricación en España se encarga Escribano y Expal. En la cadena de suministros, Expal podría incluir un componente tecnológico bajo licencia de la israelí Elbit, que tampoco es sustituible, según asegura Defensa.