Puigdemont condiciona su vuelta a que el Constitucional amnistíe la malversación

En poco o nada ha cambiado la vida procesal de Carles Puigdemont en las últimas 48 horas desde que el Tribunal Constitucional diera a conocer el borrador de la sentencia que avala la ley de amnistía. Porque las cosas están exactamente donde estaban. Es decir, en punto muerto. En Junts tienen plenamente asumido que la ley es tan constitucional como que el retorno del expresidente de la Generalitat, huido a Bélgica tras proclamar la independencia de Cataluña en octubre del 2017, va para largo. El prófugo líder del procés, que forzó al PSOE a cambiar su relato para investir a Pedro Sánchez, no pondrá un pie en España hasta que tenga la certeza de que no acabará en prisión. Y eso es, precisamente, lo que no hará la corte de garantías. Al menos, por ahora. Porque aun en el caso de que la mayoría progresista de Cándido Conde-Pumpido imponga sus tesis en el pleno de la institución (que es lo más probable), Puigdemont seguirá enfrentándose a una orden de detención nacional si se le ocurre cruzar los Pirineos.

La estrategia de su defensa pasa por esperar a que el Constitucional resuelva los recursos de amparo presentados por el resto de los líderes independentistas contra la negativa del Supremo a concederles la amnistía, y que ya se encuentran sobre su mesa: los del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. El primero será posiblemente el del líder de Esquerra, condenado a 13 años de prisión por sedición (más tarde indultado por el Gobierno), e inhabilitado por malversación hasta el 2031. 

Choque de trenes judicial

El fallo no se conocerá hasta finales del verano, como muy pronto, o principios de otoño, a más tardar. Si en este caso el pronunciamiento del órgano de garantías se alinea con la esencia del borrador conocido este lunes e incluye la malversación como delito amnistiable, en contra del criterio del Supremo, el choque de trenes judicial será inevitable. Es el momento que aguarda el abogado Gonzalo Boye para dar luz verde al plan de retorno del presidente de Junts.

Perdonada la malversación por el TC, el riesgo que corre Puigdemont de acabar encarcelado por tiempo indefinido es prácticamente nulo: si fuera detenido, Boye pediría medidas cautelarísimas que supondrían su inmediata puesta en libertad. De la misma forma, si el alto tribunal se decidiera a lanzar una contraofensiva en forma de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, también quedarían en suspenso las medidas cautelares, entre ellas, la orden de detención y la prisión preventiva.

En cualquier caso, en el partido de Puigdemont guardan silencio. Ningún dirigente salió ayer a comentar públicamente el proyecto de sentencia del Constitucional. Y el lunes solo lo hizo el portavoz de la formación, Josep Rius, para volver a cargar, de forma sucinta, pero contundente, contra la cúpula judicial: «El problema de la ley de amnistía no es su constitucionalidad, sino la rebeldía del Tribunal Supremo a aplicarla». Un discurso en el que los posconvergentes llevan instalados desde hace meses y nada hace entrever que lo vayan a variar tras los últimos acontecimientos.

De hecho, los independentistas ya exhibieron un cambio de rasante en sus relaciones con el Gobierno durante el reciente consejo de la UE para el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas. Tras el plante de varios países, Puigdemont y Turull descargaron toda su munición contra el Partido Popular, al que acusaron de torpedear la oficialidad del catalán, el gallego y el vasco en las instituciones europeas. En pocos meses, Junts ha pasado de lanzar ultimátums a Pedro Sánchez a loar sus andanzas, en una suerte de geometría voluble que puede convertirse en la tónica general del proceder de sus siete diputados en el Congreso para lo que queda de legislatura. O hasta que Carles Puigdemont vuelva.

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