El PP aboga por una regeneración de las instituciones en su ponencia política
ESPAÑA

Los de Feijoo apuestan por corregir la amnistía y los indultos por malversación
17 jun 2025 . Actualizado a las 18:32 h.Gran esquema nacional centrado en la regeneración democrática. Es el resumen de la ponencia política que el PP presentó ayer en Sevilla y que servirá de eje central para el Congreso Nacional del partido en el mes de julio. Los de Alberto Núñez Feijoo, conscientes de que el Gobierno central está en una situación comprometida, opta por poner toda la carne en el asador, salir de la dinámica de la judicialización y empezar a ofrecer un modelo alternativo a la «degradación» del sanchismo durante estos años.
Por designio de Feijoo, los redactores de dicho plan y encargados de presentarlo fueron el presidente andaluz, Juanma Moreno, y su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El primero, argumentó durante la ponencia del proyecto político que España necesita una «alternativa de regeneración democrática», ya que «el sanchismo ha degradado las instituciones como nunca». Y es, por tanto, una urgencia que vuelvan a ser «respetadas, amparadas y protegidas» para evitar la «vergüenza» de que el Ejecutivo sea conocido en el extranjero por su «corrupción sistémica».
En el texto de la ponencia, el PP arguye que su plan se presenta como antídoto ante «un Estado de derecho más débil, unas instituciones cada día menos neutrales, la separación de poderes en entredicho, el principio de igualdad maltrecho y la quiebra de la solidaridad entre españoles».
Bajo el lema Nosotros, los españoles, el PP también intenta «recuperar el espíritu de la Transición» para evitar que «Formaciones que solo defienden los intereses de una parte, que trabajan abiertamente por la desintegración o que, incluso, han sido condenados por sedición», controlen la gobernabilidad.
Borrones al sanchismo
En la ponencia política se recoge una batería de propuestas de los populares para «enmendar» ese daño institucional que, consideran, se ha hecho desde el Gobierno central: endurecer las penas por malversación, hacer que el indulto no sea un «privilegio político», «consecuencias para el Ejecutivo que no presente unos Presupuestos Generales del Estado, replantear el papel del Senado y volver a hacer que jefaturas institucionales como la del CIS o la del Consejo de Estado vuelvan a la neutralidad.
Todas ellas vienen a redibujar el mapa legislativo trazado por el PSOE con la malversación, el indulto a los ERE y las presuntas designaciones a dedo de cargos como el de fiscal general del Estado o el de jefe del Banco de España.
Precisamente, a Álvaro García Ortiz, fiscal general, se le dedica una propuesta que pasa por la obligatoriedad de que «el procesamiento judicial conlleve su cese inmediato y automático». En la misma línea, el PP se compromete a poner fin «a todas las prácticas que utilizan a los tribunales de Justicia, a los jueces, y a los fiscales con fines partidistas» y a «revertir la colonización política de las instituciones». Además, también promete desvincular el Consejo General del Poder Judicial del Congreso para que sean los propios jueces los que elijan a sus gobernantes.
La Constitución, el límite
La ponencia también trata temas como el aborto, la política internacional y otros temas que no distan mucho de ser tratados de la misma manera que en un programa electoral. No obstante, Alberto Núñez Feijoo, cuestionado ayer en Onda Cero por un eventual pacto con Vox, advirtió que el límite que no sobrepasará su partido para pactar con otros será «la Constitución». Añadió además que su intención es «dialogar para concretar asuntos y sacar la gobernabilidad» adelante.