La APIF solicita seis y el Congreso bloquea la petición de cesarlo
19 jun 2025 . Actualizado a las 21:29 h.Alberto González Amador acerca al fiscal general del Estado al banquillo. Ayer, la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, envió al Tribunal Supremo el escrito de acusación contra Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe provincial de la capital Pilar Rodríguez para que ambos sean llevados a juicio por el delito de revelación de secretos por el que se les investiga.
El texto, de más de 70 páginas, recoge que los dos miembros del Ministerio Público «obtuvieron» un mes antes de su difusión el correo por el que el abogado de González Amador admitía ante la Fiscalía dos delitos económicos y que, con ello, empezaron a trabajar el caso para «ganar el relato». «La intensidad de uso del relato político lesivo construido a partir de la actividad delictiva de revelación ejecutada por García Ortiz y Rodríguez ha sido continua y, además, directamente proporcional a la intensidad con la que el Gobierno y el PSOE han tenido que enfrentarse con relatos a la actuación de la justicia en causas judiciales que le afectan», especifica el escrito, que además apunta a la intención «lesiva» de ambos para causar perjuicio político a Díaz Ayuso.
Por ello, González Amador pide para García Ortiz cuatro años de prisión, los mismos de inhabilitación para ejercer el cargo que aún ostenta y una multa de 108.000 euros, además de suspensión de empleo por tres años. Para Rodríguez, pide un año menos de cárcel, inhabilitación y suspensión de empleo, además de rebajar la multa que le exige a 36.000 euros.
Cárcel y parálisis
Además, la pareja de Ayuso afirma que, por los «padecimientos personales, profesionales, empresariales, familiares y lesiones procesales irreversibles, sin que exista un día desde el 14 de marzo del 2024 en que algún personaje político o periodístico no denomine a través de los medios de comunicación como delincuente o defraudador confeso a González Amador», pide una indemnización conjunta de 300.000 euros, una cantidad aproximada a la revelada en los correos filtrados de su abogado con la Fiscalía que presuntamente habría defraudado.
Pero la acusación de González Amador no fue la única que llegó a las mesas del Supremo. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales fue más allá y solicitó seis años de cárcel para García Ortiz y cuatro para Pilar Rodríguez, además de la inhabilitación para ambos por 12 años al considerar que también incurrieron en un delito de prevaricación. Y de forma subsidiaria, solicitan otros cinco y cuatro años de prisión respectivamente, otros cinco de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Por otro lado, el fiscal general obtuvo la tranquilidad del Parlamento. El Congreso rechazó una proposición no de ley del PP para promover su cese, que solo fue respaldada por Vox y UPN y contó con la abstención de Coalición Canaria.
Una empresa fraudulenta
En la causa separada por la que se investiga a González Amador por el cobro de comisiones fraudulentas en la época de sus actividades comerciales con Quirón Prevención. La esposa del presidente de la compañía, Gloria Carrasco, declaró ayer como imputada que la venta de la empresa Círculo de Belleza, de su propiedad, fue totalmente «legal» y que se limitó a firmar el contrato presentado por sus asesores sin haberlo leído ni haber hablado de la venta con su marido.
La jueza del caso investiga la posibilidad de que la adquisición de la empresa por parte de González Amador —pagó medio millón de euros por ella cuando «carecía de actividad y patrimonio» según la Agencia Tributaria— se hubiera realizado para encubrir y «justificar» el pago de una comisión al presidente de Quirón Prevención.