La policía atribuye a un ciberdelincuente canario de 19 años la filtración de datos de Sánchez y ministros

Francisco José Fajardo, Mateo Balín LAS PALMAS, MADRID / COLPISA

ESPAÑA

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Yoel O. Q., presunto cerebro del robo y difusión de información de los domicilios, teléfonos, documentos de identidad y correos electrónicos de los miembros del Gobierno, fue detenido este martes en Las Palmas junto a su supuesto compinche Cristian Ezequiel S. M.

01 jul 2025 . Actualizado a las 20:50 h.

No se trata de un experto jáquer dedicado a entrar en redes, correos electrónicos y entornos virtuales donde la seguridad es máxima. Al contrario. El joven detenido este martes por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional es un estudiante de Informática de 19 años, que vivía con su familia en la calle Maninidra del Cruce de Arinaga (Gran Canaria). Yoel O. Q. fue arrestado a primera hora de la mañana en su domicilio por los agentes encargados de una investigación que se inició a mediados de junio y que está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional.

Junto a Yoel fue detenido su amigo Cristian Ezequiel S.M., que, según fuentes de la investigación, era conocedor de las actividades del jáquer y participaba de alguna forma en ellas. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos de terrorismo, amenazas terroristas y terrorismo informático con finalidad de desestabilización, coacción a las instituciones del Estado e intimidación a colectivos relevantes para la estabilidad institucional (como políticos y periodistas).

Ambos detenidos fueron trasladados el mismo martes a Madrid, para que mañana presten declaración por estos hechos en la Audiencia Nacional. Según las pesquisas, estas personas participaron en dos chats de Telegram en los que se filtraron los datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de ministros, presidentes de comunidades autonómicas, cargos de relevancia pública, periodistas y militantes de partidos de izquierda.

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge es el encargado de estas diligencias, que provocaron una gran alarma entre los vecinos de Arinaga, debido al importante dispositivo policial desplegado para llevar a cabo ambas detenciones. Por una parte, Yoel no respondía inicialmente al perfil de jáquer profesional, aunque pudieron seguirle el rastro hasta conseguir su identificación y posterior arresto en una causa que permanece secreta.

Además de detenerlo, la Policía Nacional registró su domicilio, donde requisó numerosos dispositivos electrónicos. Ahora, los agentes tendrán que acceder a estos aparatos para examinar todo tipo de aplicaciones de almacenamiento de datos, tanto locales como remotas, incluidas plataformas de mensajería como Telegram, WhatsApp, redes cifradas como TOR, I2P o Freenet, cuentas de correo electrónico, almacenamiento en la nube, así como redes sociales y servicios de comunicación por voz, texto y vídeo, según la autorización decretada por la autoridad judicial.

Acceso y aprehensión

También el magistrado accedió expresamente al análisis de conversaciones o elementos que contengan indicios de interés para la causa, así como la verificación de conexiones remotas, cifrado y posibles mecanismos de acceso restringido. En el supuesto de que hallaran cuentas activas en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como Discord, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, Skype u otras análogas, también interesó el acceso a sus contenidos, así como a publicaciones, mensajes directos, vídeos o cualquier otro material que se almacene en dichas plataformas.

El juzgado acordó, además, la aprehensión e intervención de todos los dispositivos susceptibles de contener datos relevantes, como tarjetas SIM, unidades USB, discos duros, tarjetas SD, así como cualquier otro soporte conectado a los sistemas intervenidos. En relación con posibles instrumentos financieros, la autoridad judicial autorizó la localización e incautación de dinero en efectivo, así como de tarjetas bancarias u otros medios de pago que pudieran estar vinculados al delito o a otros hechos conexos, como fraudes. También permitió la localización de monederos electrónicos y servicios de gestión de criptomonedas, autorizando expresamente la incautación in situ de activos digitales en caso de detectarse operaciones o fondos asociados al caso investigado.

Estas actuaciones también se ejecutaron contra el otro investigado, Cristian Ezequiel S.M., que aunque nació en Puerto del Rosario, vivía también con su familia en Playa de Arinaga y trabajaba en un negocio junto a sus progenitores. Los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional tratan ahora de determinar el grado de participación de este segundo joven en los hechos, aunque según sostuvo su abogado Raúl Curbelo Gómez, no tuvo «nada que ver».

Entre otros asuntos, los investigadores están analizando el jaqueo de un documento de unas 500 páginas con información reservada del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. En el caso concreto de Sánchez, se ha filtrado su DNI, fecha de nacimiento y dirección de su domicilio particular, pero no su teléfono móvil.

También se han publicado datos personales que afectan a nueve ministros, entre ellos María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar Puente, Yolanda Díaz y Fernando Grande-Marlaska, así como de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, el del Senado, el popular Pedro Rollán, el presidente catalán Salvador Illa y la líder de Podemos Ione Belarra.