El Gobierno envía al Congreso la ley que crea un registro público de los medios

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. ZIPI ARAGÓN / EFE

La nueva normativa facilitará la denuncia de contenidos digitales ilícitos

30 jul 2025 . Actualizado a las 09:19 h.

El Consejo de Ministros acordó este martes remitir al Congreso el proyecto de ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación, que establece un mayor control público sobre los medios. Entre otras cuestiones, la norma otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la facultad de sancionar a aquellos medios que funcionen sin estar inscritos en un registro oficial y también la de evaluar las operaciones de compra para evitar la concentración de medios. 

Registro de medios

Nombre de los propietarios. Se creará un registro estatal de medios y habrá también registros a nivel autonómico. Se tendrán que incorporar el nombre «real» de todos los tenedores de más de un 25 % de las acciones, cuánta inversión publicitaria reciben y cuantos ingresos perciben de financiación pública extranjera. El registro de los medios será un elemento objetivo para recibir publicidad institucional. Se prevén sanciones como la aplicable a los medios escritos y las radios que no participen en el registro de la CNMC. La multa puede llegar hasta los 100.000 euros para los diarios y empresas radiofónicas y hasta 200.000 euros para infracciones muy graves. Para televisiones la horquilla iría entre los 30.000 y los 750.000 euros. 

Coordinación de la CNMC

Servicios digitales. La ley designa a la CNMC como coordinador de servicios digitales. Para ejercer la labor de inspección, los funcionarios podrán entrar a locales, terrenos y medios de transporte de plataformas o buscadores. También examinar los libros y documentos relacionados con la prestación del servicio, copiarlos o clonarlos. Exigir que se facilite acceso a su organización, funcionamiento de la misma, a sistemas informáticos u algoritmos. Precintar los locales utilizados para la prestación del servicio. La CNMC tendrá competencia sobre todas las plataformas nacionales españolas que tengan menos de 45 millones de usuarios, a las que podrá aplicar sanciones. Para las de más de 45 millones de usuarios, la competencia es de la Comisión Europea y la CNMC podrá elevar denuncias sobre su actuación a nivel comunitario. 

Control de contenidos

Anuncios personalizados. La norma implica la modificación de tres leyes, la de Servicios de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico; la ley general de Comunicación Audiovisual y la de la creación de la CNMC. Obliga a colaborar en el control de contenidos ilícitos y prohíbe anuncios personalizados a partir del uso de datos sensibles, con sanciones de hasta el 6 % del volumen de negocio mundial. El proyecto de ley contempla la creación dos nuevas direcciones generales, una de servicios digitales y otra de medios de comunicación. 

Denuncias

Red de alertadores. La norma implica la creación de canales de denuncia de contenidos ilícitos y también medidas para garantizar la privacidad, seguridad y protección de los menores, además de aumentar la transparencia en lo que afecta a la publicidad en plataformas y proteger a los consumidores en los contratos a través de Internet. Las plataformas a nivel estatal deberán tener habilitados canales de denuncia. Se contempla la creación de una red de alertadores fiables. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, puso ayer como ejemplo de aplicación de esta norma «los recientes episodios de Torre Pacheco y la movilización de odio vía redes sociales o plataformas». La Agencia Española de Protección de Datos se encargará de supervisar la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales, «como la ideología, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual, las creencias o el origen racial o étnico».