El PP planea abolir diez leyes socialistas y aprobar veinte bloqueadas en las Cámaras

Derogar, reformar y tramitar son los tres verbos que quiere conjugar Génova cuando se siente en la bancada azul. «Estamos abiertos por vacaciones. La sede de Ferraz está cerrada a cal y canto, y creo que en la Moncloa han puesto un candado. Lo único que está abierto en agosto y a todas horas es un sitio que se llama Génova, 13», aseguran con chanza fuentes del PP. La formación liderada por Alberto Núñez Feijoo trabaja intensamente en diez leyes socialistas, que quiere anular o modificar, y en una veintena, bloqueadas en el Senado o no tramitadas en el Congreso, que planea sacar adelante. Su vicesecretaria de coordinación sectorial, Alma Ezcurra, capitanea el equipo estival que presentará el listado definitivo a finales de septiembre o principios de octubre.

a derogar

Ley de amnistía. Como norma general, los populares quieren eliminar aquellas referencias normativas que consideran «un atropello a la igualdad de los españoles». Entre ellas, destaca la ley de amnistía a los condenados por el proceso independentista en Cataluña, aunque sus efectos jurídicos no sean reversibles. El objetivo de la derogación de la medida de gracia es evitar que se repita: «Desgraciadamente no se pueden retrotraer los efectos de una norma, pero sí evitar que en el futuro se den situaciones similares».

El «cupo separatista». En el compendio de normas a eliminar, se incluyen aquellas leyes de financiación «ad hoc, a la carta, que buscan el apoyo de un determinado partido y beneficiar a un determinado Gobierno autonómico, en perjuicio del resto; todo lo que quiere aprobar el Ejecutivo central para el cupo separatista».

Ley de memoria democrática. Pese a que el Tribunal Constitucional suspendió la vigencia de varios artículos de la Ley de concordia de la Comunidad valenciana, aprobada por el PP y Vox —por restringir derechos de las víctimas del franquismo—, los populares planean derogar la Ley de memoria democrática y sustituirla por una similar a la ya impugnada. «Se trata, como su propio nombre indica, de crear una norma que no enfrente a los españoles, sino todo lo contrario, que los una. En eso consiste la concordia», opinan.

Ley trans. Impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero, fue aprobada en febrero del 2023, pese a que una parte del PSOE, liderada por la ex vicepresidenta Carmen Calvo, se mostró en contra de la autodeterminación de género. «Está haciendo mucho daño y se está hablando o bien de derogarla o de reformarla. Es una ley que en el movimiento feminista clásico ha generado mucho rechazo. No estamos de acuerdo con esta ley», insisten desde Génova.

Ley de vivienda. Promovida por la ministra Isabel Rodríguez, entró en vigor hace año y medio, pero fue recurrida ante la corte de garantías, que declaró inconstitucionales varios artículos que invadían competencias autonómicas, y que regulaban la vivienda protegida y la información que deben proporcionar los grandes tenedores. Las once comunidades gobernadas por el PP no la aplican por considerarla perjudicial y encarecer el mercado inmobiliario, pese a que en los 140 municipios catalanes declarados tensos, las rentas de alquiler bajaron casi un 5 %. Ferraz acusa a Feijoo de boicotear una medida óptima.

a reformar

Código Penal. Al frente del catálogo de leyes que quieren reformar está el Código Penal. Génova desea recuperar el delito de sedición, que se eliminó en la última modificación; endurecer las penas por malversación, que se disminuyeron; e incluir un delito de deslealtad constitucional, frente a las amenazas separatistas, «aunque esto aún está en el aire», reconocen. «Queremos evitar que el Gobierno pueda indultar por corrupción política a alguien condenado con sentencia firme. O impedir esta revisión de pena del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE, que es un indulto encubierto», añaden.

Ley de seguridad ciudadana. La reforma de la ley mordaza —lleva diez años en vigor—, que habían pactado el Gobierno de coalición y EH Bildu, sigue en tramitación parlamentaria. Para los populares, esta modificación causa «indefensión» y supone un «insulto» para las Fuerzas de Seguridad del Estado. «Estuvo promovida por el PP, pero hay que adecuarla y reformarla, porque han introducido añadidos que perjudican», aducen.

Ley de incompatibilidades. Los populares proyectan modificar esta norma para que no se pueda pasar del Gobierno a la Fiscalía o al Constitucional o al Consejo General del Poder Judicial. «Seremos más duros con ese tipo de incompatibilidades para evitar que un ministro pase a ser magistrado de la corte de garantías, o al ministerio público. Hay múltiples ejemplos. Que al menos tengan que pasar una serie de años. Es un poco la idea», explican.

Ley Celaá. La octava ley de educación en España desde 1970, que entró en vigor en diciembre del 2020 y fue impulsada por la entonces ministra Isabel Celaá, iguala el castellano y el resto de lenguas oficiales, establece limitaciones a los centros concertados, considera excepcional la repetición de curso y apuesta por la inclusión de la educación especial en centros ordinarios. Desde Génova, señalan que van a modificar «todo lo que suponga eliminar el esfuerzo y la igualdad de los alumnos», y recuerdan que llevaron varios de sus artículos ante el Constitucional alegando que perjudicaba el derecho de los padres a la libertad de elección de centro, y atacaba al castellano. El recurso fue desestimado íntegramente por el Pleno, como ya había hecho con el presentado por Vox.

Protección integral de las víctimas del terrorismo. «Queremos reformar esta norma para prohibir los homenajes a etarras y personas que han salido de la cárcel, pero no han condenado el terrorismo, porque son un insulto para las víctimas del terrorismo. Nuestro objetivo es dignificar su memoria», apuntan las mismas fuentes. Otra de las proposiciones no de ley que presentaron aboga por enseñar en los colegios la lucha que supuso el fin de la banda ETA.

a tramitar

Ley antiokupación. Entre la veintena de leyes bloqueadas en el Senado y que no pasan el trámite en el Congreso, destaca la ley antiokupación, «un tema bastante grave que lleva en el cajón de [Francina] Armengol desde hace año y medio, que se dice pronto, sin ni siquiera tramitarse», denuncian los populares. La Cámara Alta aprobó el pasado febrero, con los apoyos de PP, Vox y UPN, y la abstención de Junts, PNV y CC, esta norma que recoge la expulsión de los okupas en 24 horas e incrementa las penas por este delito. Con los mismos apoyos, saldría adelante en la Cámara Baja.

Ley del suelo. Génova sostiene que «un enorme volumen de suelo con capacidad edificatoria permanece bloqueado» por largos procesos urbanísticos, que si se simplificaran permitirían aumentar un 25 % el parque de viviendas.

Plan Nacional del Agua. En el decálogo de prioridades que Feijoo enumeró en el congreso de julio y que calificó como «cuestión de Estado», está una nueva política hídrica. «Las infraestructuras son necesarias y hemos de ejecutarlas», afirmó el popular, que ya en el 2023 había cifrado en 40.000 millones la inversión en obras.

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