Cambiar el contrato con la compañía china, acusada de espionaje por EE.UU., supondría triplicar o cuadriplicar el coste de lo presupuestado
20 sep 2025 . Actualizado a las 18:49 h.El Gobierno canceló a finales de agosto un contrato con Telefónica y Huawei de 10 millones de euros para potenciar las prestaciones de fibra de algunas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa. O al menos dijo que lo canceló. La secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, aseguró que el contrato estaba «en proceso de cancelación» por razones de «soberanía nacional» y que la licitación sería otorgada a otro operador.
Pero ni una cosa ni la otra se han resuelto aún. A día de hoy no hay ningún cambio en la plataforma de contratación. De hecho, las empresas implicadas no han sido notificadas. La infraestructura en cuestión, denominada RedIRIS, da servicio sobre todo a universidades y centros de investigación y está montada sobre los equipos de Huawei, empresa china sobre la que se ha intensificado la presión de EE. UU. por sospechas de espionaje.
El Gobierno de España siempre ha defendido que los servicios de Huawei en sus organismos públicos estaban a salvo de interferencias o hackeos. Fuentes técnicas insisten en que los dispositivos instalados no son capaces de absorber información que suponga un peligro para la seguridad, ya que —simplificando— son la carcasa de la tecnología, no el cerebro que envía los datos.
Sin embargo, en este caso, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la adjudicación y desde Transformación Digital aseguraron que dicho contrato se estaba cancelando. Pero el Ejecutivo se enfrenta a un callejón sin salida porque, una vez que se lance una nueva licitación, ¿quién será el beneficiario? Y, sobre todo, ¿cuánto costará este cambio?
Mayor potencia a la red
Fuentes del sector indican que solo cuatro empresas podrían actualizar el sistema de Red.es: Ericsson, Nokia, ZTE o Samsung. Estas dos últimas quedan casi descartadas: una, por su origen —ZTE también es china—; y otra, por su escaso negocio de redes en Europa. Ericsson y Nokia tienen todas las papeletas para hacerse con el contrato.
Existe un problema añadido. El contrato firmado con Telefónica y Huawei suponía la «actualización» por 10 millones de euros de un sistema cuyo contrato se firmó en 2020. El objetivo de la Administración era dar una mayor potencia a una red antigua y poder ampliar la capacidad de los 100 gigabits por segundo (Gbps) actuales a 400 Gbps. Pero en caso de que la licitación eligiera a un integrador diferente a Telefónica con un fabricante de equipamiento también distinto (Ericsson, Nokia o algún otro), no habría que actualizar la red, sino instalar un nuevo sistema al completo, ya que los componentes y la tecnología que usan las empresas son diferentes. Esto podría triplicar o cuadruplicar el coste. Además, si se cambian los equipos de Huawei por los de otro operador habrá que cortar el suministro de red durante tiempo indeterminado, con lo que supondrá para los organismos a los que suministra conexión.