El Supremo juzgará al fiscal general del Estado entre el 3 y el 13 de noviembre en seis sesiones

María Salgado
María Salgado REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

Álvaro García Ortiz, la semana pasada en Barcelona.
Álvaro García Ortiz, la semana pasada en Barcelona. Europa Press

García Ortiz será el último en declarar, tras hacerlo 40 testigos, entre los que destacan el novio y el jefe de gabinete de Ayuso

03 oct 2025 . Actualizado a las 22:45 h.

Un tribunal de mayoría conservadora formado por siete magistrados decidirá si el fiscal general del Estado cometió o no un delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones solicitan entre cuatro y seis años de cárcel, y hasta doce de inhabilitación. Álvaro García Ortiz será juzgado por el Supremo en seis sesiones de mañana y tarde del 3 al 13 de noviembre, en las que están llamados a declarar cuarenta testigos, que tienen la obligación de decir la verdad.

El jefe del ministerio público será interrogado en último lugar, como solicitó, y se prevé que lo haga ostentando su cargo, después de negarse a dimitir e insistir en su inocencia, y de que la Inspección Fiscal trasladara al juez instructor, Ángel Luis Hurtado, que «carece de competencia» para suspenderlo cautelarmente de sus funciones. Así consta en las dos resoluciones dictadas ayer por la sala de lo Penal que fijan la fecha de la vista oral y las pruebas admitidas sobre la presunta filtración por parte de García Ortiz a la Cadena Ser, la noche del 13 de marzo del 2024, de un correo electrónico, fechado el 2 de febrero de ese año, en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía «de común acuerdo» con su cliente la comisión de dos delitos contra Hacienda en busca de un acuerdo. El novio de la baronesa popular —hoy procesado por defraudar presuntamente más de 350.000 euros y usar una trama de facturas falsas, e investigado en otra rama por presunta corrupción en los negocios— es el principal querellante, junto la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el Colegio de Abogados de Madrid.

Entre los cuarenta testigos llamados a declarar, hay dos abogados, dos responsables de prensa de la Fiscalía, cuatro políticos, ocho fiscales, once guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) y doce periodistas. Destaca la testifical del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien habría difundido a un grupo de informadores una versión falsa de los hechos: «Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes ‘de arriba’ y retira la propuesta de acuerdo... Todo sucio». Un bulo que fue desmentido en una nota de prensa aclaratoria emitida por la Fiscalía de Madrid, pero de la que asumió toda la responsabilidad García Ortiz, que acusa a Rodríguez de urdir «una estrategia» para presentar a su jefa como víctima y que finalmente sentará, por primera vez en la historia de España, al fiscal general en el banquillo de los acusados.

Los otros políticos llamados a declarar son Francesc Vallés, entonces secretario de Estado de Comunicación; Pilar Sánchez Acera, quien en aquella fecha tenía un cargo en Presidencia del Gobierno; y Juan Lobato, exsecretario general del PSOE madrileño. El tribunal rechazó, en cambio, las testificales del exjefe de gabinete de este último, David del Campo; del ministro para la Transformación Digital, Óscar López; del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán; y de la periodista Angélica Rubio.

Serán interrogados el abogado de González Amador, Carlos Neira; y el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, junto a los fiscales Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, ambos imputados, pero luego exonerados; la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra; el interlocutor de Neira en los mails filtrados, Julián Salto; y otros cuatro colegas.

La sala llamará también al estrado a dos responsables de prensa del ministerio público, Mar Hedo e Íñigo Corral; y a una docena de periodistas de siete medios de comunicación: El Mundo, la Ser, El País, La Sexta, El Diario, Vozpópuli y El Plural.

Entre los once miembros de la UCO que deberán declarar ante el tribunal, tres de ellos lo harán como peritos, como solicitaron las acusaciones populares. La sala admitió, además, como prueba anticipada, los expedientes gubernativos de la daciones de cuenta hechas en la causa por fraude fiscal contra González Amador. También reclamó la grabación del programa Hora 25, de la cadena Ser, del 13 de marzo del 2024 y la certificación con la hora de publicación, ese mismo día, de la noticia relativa al correo electrónico de cuya filtración se acusa a García Ortiz.

El tribunal que lo juzgará dentro de un mes estará formado por el nuevo presidente de la sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta; el magistrado más antiguo que no ha intervenido en la causa, Ana Ferrer; y los cinco que integraron la Sala de Admisión: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Antonio del Moral y Susana Polo —ponente y adscrita al sector progresista—.