La ministra Redondo ataca a la Fiscalía por filtrar los errores en las pulseras antimaltrato «sin datos»
ESPAÑA
Acusa a la institución de ser poco prudente y que todavía no han sido informados del número de sobreseimientos provocados por la anomalía
26 oct 2025 . Actualizado a las 19:14 h.La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que la alerta lanzada por la Fiscalía sobre los fallos en las pulseras antimaltrato «fue poco prudente». En una entrevista que este domingo publica El Periódico, la titular de Igualdad aborda, un mes después, la polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato dados a conocer por la Fiscalía en su memoria y señala que todavía no les han dicho cuántos sobreseimientos hubo por estos fallos.
«Están solicitando ahora a las fiscalías provinciales esos datos, o sea, que cuando elaboran la Memoria, no tienen los datos y un mes después aún no han llegado», ha detallado la ministra, que también ha pedido esas sentencias al Poder Judicial, sin respuesta.
Además, asegura que a su ministerio no le consta que nadie haya sido excarcelado o que no cumpla su quebrantamiento por un fallo tecnológico. Por todo ello asegura que la alerta de la Fiscalía «fue poco prudente».
De estos fallos concluye Redondo que, aunque no hay tecnología infalible, deben reforzar el sistema tecnológicamente, y reforzar lo público para garantizar mayor control, así como a los profesionales de Cometa (el centro de gestión de las pulseras).
Ante las quejas de la Junta de Andalucía que denuncia problemas de acceso a los datos de las víctimas en el sistema Viogén, la ministra de Igualdad replica que la Junta «tiene acceso a todos los casos incluidos en el Viogén. Por lo que es falso que se le esté negando el acceso a los datos de contacto».
Explica Redondo que los técnicos autorizados por la Junta pueden ver la información, «pero, por imperativo legal, si la víctima no autoriza el uso de sus datos, estos se pueden ver, pero no se pueden usar» y añade: «El PP debería dejar de mentir sobre los sistemas de protección a las víctimas».
Derecho al aborto
La ministra de Igualdad reconoce que la propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución no servirá, a corto plazo, para aumentar el número de abortos en la sanidad pública, y por ello argumenta que la modificación constitucional subraya «la dimensión prestacional del derecho» y que se pueda ejercer en toda España.
Admite que la reforma es un procedimiento complejo, por lo que se proponen desarrollar el reglamento de la ley del 2023 y, en este punto, denuncia «diferencias intolerables entre las propias comunidades del PP, de Galicia a otras como Madrid o Andalucía, donde prácticamente no se realiza ningún aborto en la pública».
Ana Redondo asegura que si la Comunidad de Madrid no contesta al requerimiento de crear el registro de objetores al aborto llevarán «a la justicia el acto administrativo en el que se formalice la desobediencia».