El Gobierno aprueba este martes el proyecto de ley para dar al fiscal la investigación penal
ESPAÑA
El proyecto tiene pocas posibilidades de prosperar en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios
28 oct 2025 . Actualizado a las 08:32 h.El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal (Loecrim), una reforma que atribuye las investigaciones penales a los fiscales y deja fuera de las acusaciones populares a partidos políticos, sindicatos o asociaciones vinculadas a ellos, además de reformar el estatuto del ministerio fiscal. Fuentes del Gobierno informaron de que el objetivo es que, una vez aprobada, la Loecrim entre en vigor el 1 de enero del 2028, por lo que no afectará a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha ni al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo segundo y último mandato finaliza en el 2027.
Se trata de una ley muy extensa: cuenta con 1.023 folios distribuidos en nueve libros. Y en la que han trabajado medio centenar de personas, principalmente jueces, fiscales y catedráticos. La voluntad del Gobierno es tramitar ahora esta reforma, pero, si finalmente es aprobada en el Congreso, no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2028. No afectará, por tanto, a ninguno de los procedimientos que están en marcha, como la causa contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán o la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, donde están personadas varias acusaciones populares
Pero la aprobación por el Congreso será un largo y tortuoso camino para el Gobierno. Esta reforma impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no tiene visos de prosperar en la Cámara Baja por la falta de apoyos parlamentarios. Incluso la vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz, se mostró en contra del proyecto, al igual que Podemos y ERC.
Así, la nueva ley, que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos, sustituirá a la de 1882 y otorgará las investigaciones penales a los fiscales,
Hasta ahora eran los jueces los que dirigían la investigación penal, pero a partir de la aprobación de la ley será el fiscal el que se concentre en la investigación, en un proceso autónomo que estará controlado por un juez de garantías. Finalizada esta fase, un segundo juez (juez de la audiencia preliminar) será el responsable de decidir si se abre el juicio oral. Si es así, un tercer juez juzgará los hechos.
Juez de garantías
Otra de las novedades que incluye es la creación de la figura del juez de garantías, con una función garante de los derechos fundamentales de las partes y de control jurisdiccional de ciertos aspectos procesales durante la investigación, como la duración de esta, el secreto de las actuaciones o cualquier medida de investigación que suponga una injerencia en esos derechos.
Uno de los puntos más conflictivos es que se regula la acusación popular y se delimita quién puede ejercerla. Así se deja fuera a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos..